La comisión del Parlamento Europeo que investiga el
escándalo de los dispositivos manipulados de Volkswagen para falsear los
registros de emisiones contaminantes en sus motores diesel someterá a votación
el informe preliminar el próximo 28 de febrero, mientras que el pleno de la
Eurocámara lo debatirá en la sesión de abril.
Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente de la
comisión europarlamentaria, el belga Mark Demesmaeker, que ha detallado que el
plazo para presentar las enmiendas al estudio finalizará el 18 de enero y que
la comisión las examinará el 9 de febrero. Posteriormente, el voto en el seno
de la comisión tendrá lugar el día 28 del mismo mes y el pleno de la Eurocámara
debatirá el asunto en abril.
El informe preliminar de la comisión de investigación fue
presentado en diciembre del pasado año y concluye que el engaño fue posible
porque tanto la Comisión Europea como los Estados miembros "no cumplieron
con sus obligaciones" para vigilar a los fabricantes.
En efecto, el eurodiputado del PPE Jens Gieseke, uno de los
dos ponentes del informe, ha incidido durante el debate de este miércoles en
que "no sólo se puede culpabilizar a la Comisión. "Es difícil
entender por qué se ha tardado tanto en aplicar nuevos procedimientos de
medición de emisiones en conducción real, y aquí la culpa no sólo es de la
Comisión", ha insistido.
En su opinión, existe "un gran potencial de
mejora" entre los países del bloque comunitario, que tienen que
"optimizar" su trabajo, en especial aquellos Estados que son
responsables de la homologación tipo.
El otro ponente del estudio, el liberal Gerben-Jan
Gerbrandy, ha afirmado que las conclusiones del informe son "duras"
en cuanto al Ejecutivo comunitario pero "sobre todo" en lo relativo a
los socios comunitarios. "Si hay que sacar una conclusión general, es que
el sistema que hemos creado para la aprobación de vehículos en Europa no ha funcionado",
ha manifestado.
En este sentido, Gerbrandy ha señalado que "las
responsabilidades a nivel europeo y a nivel nacional no se han asumido
correctamente", por lo que ha abogado por "modificar el sistema
actual".
Por su parte, el eurodiputado del PSOE José Blanco ha
asegurado que el informe contiene un análisis "razonado y
equilibrado", al mismo tiempo que ha asegurado que, aunque las
responsabilidades quedan repartidas "de manera razonada" entre los
países y Bruselas, "de poco o nada sirve a los ciudadanos el reparto
institucional de la responsabilidad".
A su juicio, es necesario avanzar hacia una legislación
"más homogeneizada" y hacia una ejecución "más rigurosa" de
esta normativa "conforme a un sistema de sanciones eficaz". "El
hecho demostrado de que países como el mío, España, actuara para retrasar los
ensayos en condiciones reales de conducción debe combatirse mediante una
normativa más rigurosa en este ámbito, también por lo que se refiere a los dispositivos
de desactivación", ha añadido.
Según el informe preliminar, varios Estados miembros, entre
ellos España, Francia e Italia, intercedieron en distintos momentos para
retrasar dicha revisión y permitir así que se siguieran aplicando controles más
laxos.
Precisamente a principios de diciembre, la Comisión Europea
anunció la apertura de un expediente sancionador contra España y otros seis
países de la UE, al considerar que no tomaron las medidas adecuadas para
detectar y sancionar las irregularidades del fabricante alemán en su
territorio.
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