

En
este sentido, la organización de consumidores ha precisado que la directiva
europea sobre los servicios en el mercado interior indicaba que ésta no era de
aplicación a las ITV por tratarse de una prestación de interés general en el
ámbito del transporte.
Facua
ha afirmado además que la intención de Industria de abrir las ITV a
concesionarios de automóviles y a otras empresas del sector supone la
privatización de un servicio público y genera un conflicto de intereses.
"¿Quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario
se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y
también en estación de ITV?", se pregunta.
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