La Comisión Europea ha dado un
inesperado giro en su tratamiento del fraude del diésel. Y tras varios meses
esquivando el caso, Bruselas parece ahora decidida a asumir el liderazgo en la
aplicación a rajatabla de las normas sobre emisiones infringidas impunemente
por Volkswagen. La CE también endurece el tono en relación con la protección
del consumidor y acusa al fabricante alemán de “falta de voluntad” para dar una
solución a los clientes europeos.
La primera actuación de Bruselas se
traducirá en expedientes de infracción contra varios países, previsiblemente
con Alemania al frente, por no haber verificado adecuadamente el nivel de
emisiones y por no castigar los fraudes descubiertos.
Desde 2007, un reglamento europeo
sobre homologación de motores en relación con las emisiones obliga a los
Estados a establecer sanciones “eficaces, proporcionadas y disuasivas” para los
fabricantes que violen las normas. Berlín, recuerdan en la Comisión, no solo no
ha sancionado a Volkswagen sino que incluso ha salido en defensa de los
fabricantes y ha cuestionado la idoneidad de la actual legislación europea.
“No podemos quedarnos con los
brazos cruzados cuando alguien no aplica la legislación europea”, señaló el
lunes por anoche la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska,
ante la comisión del Parlamento Europeo que investiga la actuación de las
autoridades europeas en el caso Volkswagen.
La comisaria, visiblemente tensa
ante una investigación que parece culpar del fraude a la Comisión, subrayó que
son los Estados miembros los que tienen obligación de imponer sanciones a los
fabricantes. “Y si no lo hacen, tengo poder para abrir un expediente y sin duda
lo voy a hacer”, añadió Bienkowska.
Fuentes de su departamento
confirman que las palabras en caliente de la comisaria anuncian una próxima
intervención contra varias capitales. Y aunque no confirman el listado señalan
hacia Alemania como uno de los países que claramente parece haber incumplido
sus obligaciones.Reino Unido, Francia e Italia también han reconocido haber
encontrado dispositivos que modifican el nivel de emisiones, pero aseguran que
eran legales. Bruselas mantiene sus dudas.
El Gobierno alemán achaca las diferentes
interpretaciones sobre la legalidad de los mecanismos a la falta de claridad
del reglamento. Y ha pedido que se modifique para dejar claro cuándo se pueden
utilizar esos dispositivos “para proteger el motor”.
Bruselas se muestra sorprendida
ante las repentinas dudas de Berlín. “Los dispositivos de desactivación [como
el software de VW] llevan prohibidos ¡18 años!”, exclamó Bienkowska ante la
comisión parlamentaria.
Fuentes europeas añaden que desde
la entrada en vigor del reglamento en 2007 “ninguna autoridad se nos ha
dirigido nunca para plantearnos dudas sobre su interpretación o sobre su
aplicación”. La falta de preguntas respondía, tal vez, a que en realidad el
reglamento no se estaba aplicando.
Algunos europarlamentarios
consideran que la CE incumplió sus obligaciones al no comprobar la aplicación
de la normativa. Bruselas asegura que no tiene obligación de comprobar el
cumplimento de los reglamentos país por país si no recibe quejas al respecto.
Indemnizaciones
El encono de la Comisión coincide con
el primer aniversario del fraude del diésel, que estalló el 18 de septiembre de
2015 cuando la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de EE UU reveló la
existencia de un software ilegal en los motores de Volkswagen que permitía al
fabricante alemán reducir fraudulentamente el nivel de emisiones.
El caso le ha supuesto a VW una
factura multimillonaria al otro lado del Atlántico, en multas e
indemnizaciones. Pero VW se niega a compensar a los millones de clientes
europeos. “No es justo”, señaló Bienkowska, con palabras inusualmente duras.
“No digo que tenga que ser algo como en EE UU, pero sí comparable. Pero en VW
no hay buena voluntad”.
Fuente: cincodias.com
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