Lo cobran los ayuntamientos
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Plan de
Calidad del Aire para el período 2013-2016, con 78 medidas entre las que se
contempla la modificación del impuesto de circulación para vincularlo a
criterios medioambientales.
El Gobierno pretende que el impuesto de circulación,
denominado técnicamente Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, entre en
vigor el próximo año. El gravamen dejará de estar vinculado a los caballos
fiscales de los vehículos, y dependerá del grado de contaminación de los
mismos, medido por sus emisiones de CO2, NOx y partículas.
El Ejecutivo tiene previsto incluir este cambio fiscal en
el Plan Nacional de Reformas que presentará el 26 de abril, según avanzó esta
misma semana el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, quien destacó
la idea de avanzar hacia "más imposición medioambiental", y recordó
que el impuesto de circulación "es el único que tiene que ver con los coches
que no está vinculado a las emisiones de CO2". "Es lógico
adaptarlo", añadió.
La reforma de este gravamen, que correrá a cargo de la
Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y se consensuará con
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), supondrá gravar más a
los vehículos que, "por su antigüedad, producen mayores emisiones a la
atmósfera", según reza el texto del Plan Aire.
El cálculo del tipo de gravamen, que se abona anualmente,
se fijará previsiblemente en función de las diferentes normativas Euro sobre
emisiones de los vehículos, y "no se tendrán en cuenta argumentos de
carácter social".
Además, el Gobierno no aprobará un impuesto rígido, sino
que facilitará a los ayuntamientos "un cierto margen de maniobra"
para elegir el tipo a aplicar, de forma que en los municipios con mayores
índices de contaminación se pueda desincentivar el uso del coche.
El impuesto de circulación aportó a las arcas municipales
2.807 millones de euros en el ejercicio de 2011, un 0,3% más, según los últimos
datos disponibles. Los ayuntamientos cuentan actualmente con capacidad para
incrementar la cuota en un máximo del 2%.
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