La asociación teme que la
puesta en marcha de esta normativa pueda dañar el sector turístico
Aneval, la asociación que
agrupa a la mitad del mercado del rent a car en España, considera que la
proposición no de ley que aprobó la Comisión de Hacienda y Presupuestos del
Parlament balear el pasado martes, atenta directamente contra la esencia del
rent car, cuyo modelo de negocio se basa precisamente en el concepto de
movilidad geográfica o libre circulación entre territorios.
En esta proposición no de ley
se instaba al Gobierno central a acometer cambios legales para que los
vehículos que circulan en Baleares, y en particular los de las empresas de
alquiler, paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) -más
conocido como impuesto de circulación- en las islas.
Con esta normativa, el
Parlament balear no tiene en cuenta la operativa del rent a car, caracterizada
por dotar de movilidad a todo el Estado y no sólo a un territorio, puesto que
un coche que se matricula en Baleares puede terminar prestando servicio en
cualquier zona del territorio peninsular con independencia de donde se haya
registrado.
La asociación, que se suma así
a Feneval en el rechazo a esta proposición, considera que la puesta en marcha
de esta normativa podría dañar al sector turístico balear, dando lugar a dos
escenarios distintos y a cuál de ellos más perjudicial para la principal fuente
de ingresos de las islas.
En un primer supuesto, esta
medida podría derivar en una flota de vehículos cautiva y radicada en un solo
territorio, lo que provocaría problemas de colapso en una comunidad ya de por
sí muy saturada. Y, en otro, esa propuesta podría llevar a las compañías de
rent a car a contar con menos vehículos en las islas al tener una demanda
itinerante, lo que conllevaría una falta de oferta en periodos de temporada
alta, donde estos servicios están más solicitados.
Reformar la Ley de Haciendas
Locales
En materia legal, Aneval
señala que el impuesto de circulación es un tributo estatal cuya recaudación
está cedida a los municipios, por lo que las comunidades autónomas no pueden
entrar libremente en su regulación, por lo que tendría que ser el Gobierno
central quien, en todo caso, propusiera a las Cortes una reforma del artículo
97 de la Ley de Haciendas Locales, que afectaría al total del territorio
nacional, no únicamente a Baleares; algo que a la asociación se le antoja como
sumamente complejo, máxime con un Gobierno en funciones.
Según el director corporativo
de Aneval, José Luis Sanz, “la Comisión de Expertos que revisó en 2017 el
modelo de financiación local, recomendó que el ayuntamiento que sufre los daños
ambientales producidos por un vehículo sea aquel que se vea compensado con los
ingresos derivados del tributo. Por otro lado, vale la pena recordar que el
sector del rent a car tan sólo representa un 11% de la flota circulante en
Baleares, según un estudio de Meteoclim encargado por el propio Govern, por lo
que no se le puede acusar de saturar las carreteras del archipiélago”.
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