jueves, 14 de febrero de 2019

EL TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRARÁ AL CARSHARING Y A LA BICICLETA COMPARTIDA


ATUC aparca la adhesión de los patinetes eléctricos hasta que se aclare su regulación a nivel nacional

Los vehículos de carsharing y las bicicletas compartidas pasarán a ser considerados a partir de ahora transporte público, tal y como se recoge en la modificación de los estatutos de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), cuyo principal objetivo pasa por aunar todas las modalidades de la movilidad sostenible en áreas urbanas y metropolitanas.





La Asociación aparca de momento la adhesión de los patinetes eléctricos hasta que se aclare su regulación a nivel nacional, pese a que el Ayuntamiento de Madrid haya autorizado esta mañana 8.610 de estos vehículos de los 108.094 solicitados por 25 empresas para todos los distritos de la capital, lo que se traduce en apenas el 8% de todas las peticiones realizadas.



ATUC considera imprescindible coordinar estos sistemas de movilidad colectiva para mejorar la convivencia entre ellos y fomentar la intermodalidad, consolidando el sistema de transporte público como solución al problema de contaminación que padecen las grandes ciudades y garantizando los desplazamientos de todos los ciudadanos.



Esta apertura de la asociación a nuevas formas de movilidad urbana llega en un momento propicio, en el que se está desincentivando el uso del coche privado en los centros urbanos, tal y como lo evidencian las restricciones que se acometerán en casi 150 ciudades de acuerdo al anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que próximamente el Gobierno llevará al Congreso para su tramitación parlamentaria.



Plan Nacional de Movilidad



En ese nuevo marco de movilidad deben integrarse y regularse adecuadamente todas las fórmulas para que tengan la consideración de transporte público y se les reconozca que cubren una necesidad básica, al permitir a millones de ciudadanos realizar sus desplazamientos diarios.



En concreto, actualmente el transporte público es utilizado en España cada día por unos 4,5 millones de usuarios, una cifra que podría superar los 7,5 millones si se potenciara aún más el sistema para atender las demandas que se pusieron de manifiesto en el informe “Descifrando al No Viajero”, elaborado por ATUC y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).



Este espíritu integrador debe tener su reflejo también en la puesta en marcha de un Plan Nacional de Movilidad que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas, dejando atrás el localismo con el que se aborda en la actualidad y elevándolo a cuestión de Estado, de manera que se ofrezca la misma dimensión a los problemas de la contaminación y congestión de tráfico que a su solución, el transporte público.



Esto exige que, aunque la gestión de la movilidad y del transporte público sea competencia de los ayuntamientos, haya una implicación directa y coordinada de los tres niveles de la administración (local, autonómico y nacional) y de los cuatro ministerios involucrados, es decir, Fomento (transporte), Hacienda (financiación e inversiones), Transición Ecológica (cambio climático) y Sanidad (la contaminación como una de las primeras causas de mortalidad).



En este sentido, el borrador de la Ley de Financiación del transporte público, que debería aprobarse este año, recoge como propuesta estrella la creación de un Fondo Estatal para la Movilidad Urbana Sostenible, cuya representación recaería en cinco vocales de la Administración General del Estado, tres representantes elegidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y dos vocales en representación, respectivamente, de los consorcios ya existentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona.




Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “las nuevas generaciones ya no piensan tanto en tener un coche en propiedad como en moverse de la mejor manera posible. Y ello implica alternar y conjugar unas fórmulas y otras. Los autobuses, metros, trenes de cercanías, vehículos de carsharing, bicicletas compartidas… ofrecen un servicio público, de transporte, que son complementarios entre sí y que bien coordinados pueden responder a las exigencias de movilidad urbana e interurbana que tienen los ciudadanos”.

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