Impuestos medioambientales,
Ley de Cambio Climático y planes de movilidad, ejes para potenciar el
transporte público como solución a la contaminación
Como una de las soluciones más
efectivas para reducir la contaminación, el transporte público es clave para
luchar contra el cambio climático y lograr así el objetivo de disminuir para
2050 los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en torno al 90% (a
partir de la cifra de 1990). Es por ello que la asociación del transporte
urbano colectivo ATUC reclama que, en la revisión de los ahora cuestionados
impuestos medioambientales, se destine una parte para financiar e invertir en
el transporte público, aportación que estima en 500 millones de euros anuales.
Esta cifra procede del total
de recaudación neta conseguida del aumento del impuesto a los hidrocarburos,
que podría ascender a 1.700 millones de euros al año una vez descontada la
devolución del gasóleo profesional.
Precisamente, el objetivo del
impuesto es modificar el comportamiento de los actores contaminantes para
reducir el daño ambiental que provocan. Por ello, el impuesto no sólo debe
penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a su solución, el transporte
urbano colectivo.
Otra parte se destinaría a
inversión, tanto para renovación de flota como para mejorar la calidad en la
prestación del servicio, especialmente la frecuencia y los tiempos de espera y
de viaje. En España la velocidad comercial media de un autobús es de 15
kilómetros, pero en ciudades referentes en movilidad como Helsinki, Oslo o
Ámsterdam oscila entre los 23 y los 28 kilómetros de media, en torno a un 60%
más. Ésta es precisamente una de las claves para propiciar el cambio modal y
que millones de españoles dejen el coche y utilicen el transporte público en
sus desplazamientos habituales.
Esta revisión de los impuestos
medioambientales es uno de los tres ejes sobre los que se debe sustentar el
cambio hacia medios de transporte sostenibles, junto con la próxima Ley del
Cambio Climático y los planes urbanos de movilidad (ver documento adjunto).
Todo para reducir el impacto que tiene de la contaminación del aire, que cada
año provoca la muerte en nuestro país de más de 25.000 personas. Y en ello
mucho tiene que ver el transporte por carretera, que representó una cuarta
parte de todas las emisiones de CO2 (dato 2015). Además, las emisiones
generadas por los turismos representan más del 80% de las generadas por el
transporte en el ámbito urbano.
El cambio climático, por ley
El segundo eje de actuación
que propone ATUC es la Ley del Cambio Climático, actualmente en fase de
tramitación parlamentaria. Pues bien, a expensas de conocer el texto final,
para la entidad es necesario que haya un apartado en esta ley dedicado íntegramente
al transporte público, a su desarrollo y a la financiación que lo hará posible.
En concreto, se requiere que
haya uno o varios artículos de la nueva ley destinados a la promoción
coordinada de todas las administraciones públicas con competencias en materia
de transporte, con medidas y acciones hacia un nuevo modelo de transporte
urbano. El objetivo es fomentar el uso generalizado de medios sostenibles y
desincentivar el del vehículo privado.
Además, esta ley debería
incluir un artículo específico para asegurar una financiación estable del
transporte público por parte del Estado a partir de los impuestos a los
hidrocarburos.
Esta vía de financiación ya se
utiliza de hecho en otros países, como Alemania, que tiene establecido un
impuesto llamado “Mineralösteuer” consistente en un céntimo “verde” que grava
el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público y que
responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”.
Impulso en los planes de
movilidad
Finalmente, y como tercer gran
eje de actuación, se encuentran los planes de movilidad urbanos, especialmente
de las grandes ciudades. En todos ellos, ya sea en los planes en vigor como en
las revisiones en las que se está trabajando, se recoge la importancia del
transporte público para conseguir ciudades más habitables con menos
contaminación y congestión. También se constata que hay una desproporción entre
el uso que se la da al coche, que en las grandes ciudades no alcanza el 25% en
el reparto modal de los desplazamientos, y el espacio urbano asignado a éste
que es el 90%.
No obstante, desde ATUC se
apunta a la necesidad de que los planes de movilidad deben incluir las áreas
metropolitanas de las ciudades y estar coordinados con los municipios de
alrededor. Asimismo, tienen que promover la integración modal, incluyendo otros
medios sostenibles como el carsharing o la bicicleta, así como explorar el
transporte a la demanda para zonas de baja densidad de población.
De forma paralela, es
necesario que los desarrollos de los planes urbanísticos tengan en cuenta los
nuevos objetivos de movilidad y estén coordinados con el transporte público, y
que incluyan medidas que lo potencien en detrimento del vehículo privado.
Todo ello requiere unas
necesidades de financiación e inversión públicas que deben estar garantizadas
dentro de una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal, que
España carece siendo una excepción en Europa, que debe servir de marco de
actuación, máxime si se pretende que el transporte público ejerza de solución
contra el cambio climático por su efecto descontaminante.
En este sentido, el modelo
propuesto por ATUC prevé aumentar el peso de la financiación del Estado y de
las comunidades hasta el 30%. A su vez, los ayuntamientos se responsabilizarían
del 25% y los ingresos tarifarios del 45%. De esta manera, se equilibraría el
reparto entre las tres ramas de la administración y se liberarían recursos a
los ayuntamientos que podrían destinarlos a otros usos sociales, ambientales,
etc.
Según el secretario general de
ATUC, Jesús Herrero, “la culminación de toda esta batería de medidas sería la
puesta en marcha de un Ministerio de Movilidad que sustituiría al de Fomento,
una palabra que se asocia más al modelo de hormigón. De hecho, ya existe un
precedente en Francia pues el Gobierno de Macron ha creado un Ministerio de
Transportes y la ministra procede de la RATP, el transporte público de París”.
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