Cuanto más grande es un
municipio, más complejo es atender las necesidades de movilidad de sus
ciudadanos.
Para estos casos, el
transporte público se financia mediante un contrato programa, como el que tiene
Madrid y Barcelona (y Canarias), que cuentan con varios medios de transporte
alternativos (autobús, metro y tranvía) que hacen más costosa la financiación
del sistema. Sin embargo, para la Asociación de Empresas Gestoras de
Transportes Colectivos Urbanos (ATUC), este mismo mecanismo debería utilizarse
para financiar el transporte urbano en las ciudades con más de 500.000
habitantes, que son Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza.
Estos contratos programa
detallarían los planes de desarrollo del sistema de transporte público, así
como sus posibles ampliaciones, determinando las aportaciones financieras de
las administraciones para su gestión y para financiar su infraestructura. De
momento, Madrid, Barcelona y Canarias se benefician de este mecanismo de
financiación, que obviamente incluye más fondos al tratarse de sistemas más
extensos.
A incluir en la Ley de
Financiación
ATUC recuerda que extender a
las ciudades españolas con más de 500.000 habitantes el contrato programa como
mecanismo de financiación es uno de los puntos que una futura Ley de
Financiación estatal del transporte público debería incluir, una deuda
histórica que los operadores del transporte público piden al Gobierno salde en
esta legislatura.
Esta ley, que sí existe en el
resto de Europa, vendría a establecer un marco de financiación, fijando las
obligaciones, competencias y aportaciones de todas y cada una de las
administraciones, pero también a determinar qué costes se repercuten en las
tarifas y bajo qué criterio. Y es que el sistema de transporte público se
financia aproximadamente en un 50% por los ingresos de los billetes, pero el
resto se costea con aportaciones públicas.
Entre otros puntos a incluir
también, la ley permitiría poner orden a las cada vez más frecuentes medidas de
corte social de reducción o bonificación de las tarifas (ancianos, niños,
desempleados, etc.) que cada administración decide por su cuenta, dejando claro
que el coste debe ser asumido por la entidad responsable de poner en marcha la
medida, siempre mediante el correspondiente convenio.
Además, para ATUC, el sistema
de financiación actual no es homogéneo, un equilibrio que se conseguiría con
esta ley estatal, corrigiendo así desequilibrios como que haya ciudades que apenas reciben 0,05 euros por habitante,
y otras en cambio superan los 20 euros.
Según el secretario general de
ATUC, Jesús Herrero, “a día de hoy, salvo los contratos programa que tiene el
Estado con las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, y con Canarias, no
existe una norma común que dote de previsión y estabilidad la gestión del
transporte urbano colectivo. Es necesario por tanto fijar un sistema de
financiación claro, entendible y unificado, y que permita conocer las
aportaciones a medio y largo plazo a cada municipio”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.