Hoy toma posesión como nuevo Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, hasta ahora
concejal y portavoz adjunto del Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta del Ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido.
Serrano, nacido en Sevilla el 22 de
febrero de 1967, está licenciado en Derecho, con especialidad en Derecho
tributario y posee un Master en Dirección de Operaciones Internacionales.
Durante su carrera, el nuevo responsable de la DGT ha sido teniente de Alcalde
y Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo (2011- 2015) en el
Ayuntamiento de Sevilla o presidente de MercaSevilla. También ha dirigido
Giralda TV y ha sido consejero delegado de Contursa. Además, Serrano es
profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Pablo de Olavide de Sevilla.
La Dirección General de Tráfico
(DGT) se encontraba en situación de interinidad, después de que el pasado 22 de
julio, la exdirectora del Departamento María Seguí, presentara su dimisión. El
secretario general de la DGT, Cristóbal Cremades, ha asumido las funciones de Seguí
durante estos cuatro meses, hasta el nombramiento de Serrano.
La renuncia de Seguí se produjo
diez días después de que el Ministerio del Interior anunciara la apertura de
una "investigación urgente" en torno a "la regularidad de la
financiación por parte de la Dirección General de Tráfico de proyectos de
investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad realizados por el
Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la
Universidad de Zaragoza".
Interior abrió dicha investigación
tras las informaciones que apuntaban a que el organismo público habría
financiado sin mediar concurso público tres proyectos de investigación sobre
educación vial infantil al Instituto Universitario de Investigación en
Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza donde trabajaba Francisco
López Valdés, marido de la directora General de la DGT, María Seguí. Fueron
49.950 euros en un año.
RETOS AL FRENTE DE LA DGT
Al frente de la DGT, Gregorio
Serrano tendrá que acometer la aprobación del Reglamento de Circulación. Esta
norma, pendiente desde 2014, recoge, entre otras medidas tan polémicas como
elevar a 130 km/hora el límite de velocidad en algunos tramos de autopistas y
autovías. Junto con ella, deberá hacer frente al repunte de la siniestralidad.
La última Ley de Tráfico entró en
vigor en mayo de 2014, pero para el desarrollo de algunas de sus medidas era
necesario dar luz verde a su reglamento. A pesar de que la DGT aseguró en
muchas ocasiones durante el mandato de María Seguí que el texto estaba listo,
nunca llegó al Consejo de Ministros.
Al igual que la elevación de los
límites, deberá volver a abordar una posible disminución de la velocidad máxima
en zonas urbanas, hasta los 30 kilómetros por hora, y en carreteras
secundarias, en donde se pretendía establecer la velocidad máxima en 90 kilómetros
por hora y no hasta los 100 como ahora.
El nuevo reglamento, en su actual
redacción, también haría efectiva la obligatoriedad del casco en ciudad para
ciclistas menores de 16 años o la aplicación de un control de alcohol y drogas
a aquellos peatones que estén implicados en un accidente de tráfico o cometa
una infracción, como cruzar indebidamente.
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