Cuánto cuesta la movilidad en
Europa? ¿Y en España?
Si se trata de viajar en transporte
público con regularidad por las principales ciudades del continente, el abono
mensual cuesta de media 64 euros, diez euros más caro que en las dos grandes
urbes españolas, Madrid y Barcelona, donde el desembolso es de unos 54 euros en
promedio, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos
Urbanos (ATUC) a partir del Barómetro EMTA.
Y es que la aportación del usuario
vía tarifas, con la que se cubre el 50% de los costes del sistema del
transporte público urbano en España, resulta suficiente y equilibrado de
acuerdo a una variable económica tan transparente como el PIB.
De este modo, si comparamos Madrid
con Berlín, con PIB similares, el abono de la capital española es más de 20
euros más barato que en la alemana, 54,6 frente a 78 euros concretamente.
En cuanto a Barcelona, si la
comparamos con Birmingham –la segunda ciudad en población de España y Reino
Unido- la diferencia es más notable, de hasta 30 euros para poder viajar tantas
veces como el usuario quiera durante un mes.
Y lo mismo sucede si analizamos el
billete sencillo, donde el coste en las ciudades europeas se sitúa en torno a
los 2,30 euros, frente al 1,8 de Madrid y Barcelona de media (más caro en la
Ciudad Condal que en la capital), según el informe “Análisis de la Financiación
del Transporte Público en España” de ATUC elaborado por la Universidad Rey Juan
Carlos.
Cuadro 1. PIB versus tarifas Europa
y España
*Cifras en euros. Fuente: ATUC, a
partir del Barómetro EMTA.
Mejoras en la financiación
Para ATUC la mejora de la
financiación en lo que a la parte del usuario respecta tiene poco margen, más
allá de algunas alternativas a estudiar como una misma tarifa
independientemente del medio de transporte, o en función de los picos de
demanda (con un precio u otro en función del volumen de usuarios en
determinados momentos del día), que permitirían optimizar mejor las
aportaciones tarifarias.
En cambio, donde sí hay más margen
para mejorar la financiación del sistema es en la aportación de las administraciones
públicas, responsables del 50% restante, para lo que se necesitaría previamente
la creación de un marco legal para toda España a través de una Ley de
Financiación del Transporte Público que de momento no existe.
De este modo, se acabaría por
ejemplo con la situación de imprevisibilidad a la que se ven abocados los
ayuntamientos, que no saben hasta finales de año el dinero de que dispondrán
para el año siguiente. Esto significa que, a pesar de tener que preparar con
antelación los presupuestos, no saben hasta el último momento cuánto dinero
tendrán para financiar el transporte público.
La solución a la falta de previsión
actual sería poder desarrollar planes dinámicos a cuatro años en los que se
definan las necesidades a cubrir del transporte público y las aportaciones para
satisfacerlas por parte del Estado, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, pero aún así se trata de una medida que iría respaldada por la
mencionada ley de financiación.
Tal como señala el secretario
general de ATUC, Jesús Herrero, “nadie discute el apoyo público al transporte
urbano colectivo, ya que es un pilar del estado del bienestar y democratiza la
movilidad. Y eso por no hablar de los beneficios medioambientales. Pero este
apoyo público es inestable y no se sabe quién debe pagar cuánto. El sector está
plenamente comprometido con dar un servicio de calidad pero necesitamos
previsión y estabilidad en la financiación. El usuario ya cumple y disfruta de
un transporte público referente en Europa, ahora falta que las administraciones
pongan de su parte y garanticen no más dinero, sino orden y previsibilidad”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.