El Think Tank Movilidad de la
Fundación Corell plantea el reto de la situación planteada por los nuevos modos
de movilidad, en relación a la gobernanza, la planificación urbana y los medios
públicos de transporte colectivo y plantea la necesidad de agrupar en un
departamento ministerial las competencias en materia de transporte y movilidad,
tráfico y circulación de vehículos, ahora repartidas
Nuevos modos de movilidad
En los últimos años han
irrumpido con fuerza nuevos modelos de movilidad en las áreas urbanas de todo
el mundo: vehículos de movilidad personal (como el patinete), vehículos a motor
de uso compartido, alquiler de vehículos con conductor, trayectos compartidos y
dispositivos diseñados especialmente para la distribución urbana de las
mercancías.
Estas fórmulas, además de
poner en valor una nueva idea de movilidad, aportan soluciones sostenibles que
podrían coadyuvar a que el ciudadano deje su coche en casa.
La reacción de los distintos
actores del sistema tradicional de movilidad ante este fenómeno ha sido de
distinto signo: por un lado, una apuesta a favor por parte de los
Ayuntamientos. También del mundo empresarial, con la puesta en marcha de
iniciativas para su desarrollo. Por otro lado, reacciones negativas de
distintos sectores, en particular del sector del taxi ante los VTC. Cabe
destacar, especialmente, la incidencia en usuarios y ciudadanos: ventajas de
contar con una oferta más amplia de soluciones de transporte con menores
costes, pero también problemas en el uso del espacio público y en seguridad
vial.
El reto que se plantea con los
nuevos modelos de movilidad
Hoy en día, el mercado de los
nuevos modelos es claramente inmaduro, sobre todo, en algunas modalidades:
motos y bicis compartidas, uso del car sharing y uso del patinete eléctrico.
Esta situación plantea un reto importante para la gobernanza del sistema.
Lo primero que hay que
afrontar es que, en la nueva situación, el sistema de movilidad funcione como
un todo. Hay que reformular políticas y estrategias de carácter general y dar
solución a temas concretos aparejados a los nuevos modelos.
Entre las principales
cuestiones planteadas: intermodalidad, incidencia sobre la tradicional política
de fomento del transporte colectivo, marco fiscal, social y laboral y
plataformas de contratación. Entre las cuestiones más específicas: uso del
espacio urbano, seguridad vial y derechos de los usuarios.
Orientaciones
Dada la magnitud del problema
y la escasez de conocimientos y datos sobre la situación actual, es aconsejable
pensar en una solución por etapas, por parte de la Administración pública.
Comenzar, junto a un trabajo
previo de investigación, por reformular políticas y centrarse en los problemas
de planificación y normativa más acuciantes.
Cabe analizar, en primer
lugar, si el modelo actual de gobernanza de la movilidad urbana es capaz de
asegurar un comportamiento armónico del sistema, frente a la revolución de la
movilidad con la aparición de las nuevas modalidades.
Podría ser que se este
propiciando, con tanta política de promoción de la bicicleta y otros modos
individuales, la huida del transporte colectivo (sobre todo en autobús, pero
también en metro), al incentivar el transporte individual alternativo y, lo que
es peor, la sustitución progresiva de los desplazamientos a pie. Parece además
que, al menos de momento, los VMP eléctricos van ganando terreno en la ciudad a
costa de la propia bicicleta, el desplazamiento a pie e incluso del transporte
colectivo, pero no de los vehículos motorizados (coche y moto).
En segundo lugar, en materia
de planificación, se advierte la necesidad de reajustar los instrumentos y
procedimientos de planificación – planificación tanto más necesaria al entrar
en juego elementos disruptivos en el sistema que, en definitiva, son las nuevas
modalidades de movilidad. Es clara la mayor complejidad de esta planificación
dado el carácter privado de las nuevas fórmulas.
No hace falta insistir en la
importancia de contar con una normativa sostenible, en un sistema con tantos
actores e intereses en juego, en parte conflictivos. Especialmente en una serie
de temas, como el uso del espacio urbano, la seguridad vial, los derechos de
los usuarios, seguros y responsabilidad, ordenación del transporte personal e
impacto ambiental.
En particular, se hace
hincapié en el cumplimiento de la normativa relativa a la ‘micromovilidad’
(patinetes y otros dispositivos).
Su expansión en trayectos
cortos compromete la seguridad del viandante de distinto signo – menores y
mayores, personas discapacitadas – en menoscabo de su derecho a usar las aceras
sin interferencias (aceras estresadas) y también la del propio usuario del
dispositivo. La convivencia circulatoria y deambulatoria en las calles es uno
de los grandes retos que deben afrontar las ciudades y ante los que la opinión
pública cada vez está más sensibilizada.
Parece, finalmente, que ha
llegado la hora de agrupar en un departamento ministerial las competencias en
materia de transporte y movilidad, tráfico y circulación de vehículos, ahora
repartidas. La globalidad del fenómeno y la cada vez menos trazable frontera
entre estas materias así lo aconseja. En el entorno de la administración local
ya están agrupadas en muchos casos en las áreas de movilidad.
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