El plazo para enviar a la
Comisión Europea la documentación adicional expira el viernes 9 de febrero
Más del 90% de las emisiones
contaminantes en los centros urbanos corresponden al tráfico de coches y motos
La asociación de transporte
público ATUC ha pedido al Gobierno impulsar el uso del transporte público para
luchar contra la contaminación del aire, después del reciente ultimátum dado
por Bruselas a España para que presente nuevas medidas para reducir la polución
en las ciudades. De hecho, la Comisión Europea se ha fijado como plazo máximo
el viernes 9 de febrero para no llevar el caso español ante la Justicia.
Y es que España se encuentra
dentro de los únicos nueve países europeos instalados en el incumplimiento
sistemático de la normativa contra la contaminación del aire, que cada año
provoca la muerte en Europa de unas 400.000 personas y de más de 25.000 en nuestro
país.
Un incumplimiento que, según
ATUC, no es de extrañar si se tiene en cuenta la falta de una apuesta decidida
por el transporte público por parte de la Administración Central, cuyas
“medidas estrella”, como el Plan Aire II, se han dirigido en mayor medida a
renovar el parque de vehículos o a mejorar la eficiencia energética de los
edificios. Ayer mismo la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
insistió en que la falta de calidad del aire no es un problema generalizado en
España, sino que se encuentra focalizado en Madrid y Barcelona.
Pues bien, ATUC recuerda que
la gestión y el control de la calidad del aire corresponden a los ayuntamientos
y a las comunidades autónomas, y lamenta que al transporte público no se le dé
la importancia que se debería para reducir los niveles de contaminación.
Es más, dentro de este Plan
-que estará vigente hasta que entre en funcionamiento el Programa Nacional de
Control de la Contaminación Atmosférica- no hay actuaciones específicas para el
fomento del uso de autobuses, metros y trenes de cercanías, que además de
descongestionar el tráfico en las grandes ciudades y evitar los atascos sirve
como filtro para limpiar el aire urbano.
De hecho, una de las
principales causas de la contaminación atmosférica reside en el tráfico rodado,
responsable del 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos -de
las que más del 90% corresponden al tránsito de coches y motos-.
Por ello, las vías de
actuación más efectivas para reducir la contaminación del aire pasan, sobre
todo, por potenciar el transporte público, ya que sólo un autobús puede evitar
la contaminación que generan 50 coches, un argumento de peso para convencer a
aquellos que aún no lo usan. No obstante, el 81% de los que todavía no utilizan
el transporte público como medio de desplazamiento habitual consideran que se
trata de la mejor solución a los problemas medioambientales.
De esta manera, aunque en los
principales centros urbanos las áreas de prioridad residencial vayan ganando
terreno de forma paulatina frente a los espacios reservados para los vehículos
privados, más de tres millones de españoles podrían empezar a usar el metro,
los autobuses y los trenes de cercanías si el sistema ofreciera un todavía
mayor nivel de servicio.
Más inversión y orden en la
financiación
Si bien es evidente el cambio
de la movilidad hacia medios sostenibles en la agenda de los municipios, no hay
aún una correspondencia con las cifras de inversión que inviten a pensar en una
apuesta clara por el transporte público como una alternativa al tráfico
privado. Precisamente, los ayuntamientos invirtieron en 2016, procedentes de su
superávit, poco más de 73 millones de euros en el transporte de viajeros,
acaparando únicamente el 10% de las inversiones financieramente sostenibles.
También es prioritario
desarrollar una ley de financiación del transporte público en España, que es el
único país europeo que no cuenta con una legislación de ámbito estatal sobre
esta materia, para ordenar los recursos y distribuirlos mejor en aras de
responder a las necesidades de movilidad, limpiar el aire urbano y mejorar la
calidad de vida en las ciudades.
Otra cuestión sensible, y en
línea con los planteamientos de Bruselas, es la futura Ley de Cambio Climático.
Y ATUC considera que debería incluir un apartado específico al transporte
público, teniendo en cuenta el papel fundamental de éste para revertir el
calentamiento global y disminuir la congestión del tráfico en los núcleos
urbanos.
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