Facua
ha denunciado que esta reforma no traerá consigo una bajada de precios y ha
subrayado que se trata de una medida "contraria" al ordenamiento
jurídico europeo.
En
este sentido, la organización de consumidores ha precisado que la directiva
europea sobre los servicios en el mercado interior indicaba que ésta no era de
aplicación a las ITV por tratarse de una prestación de interés general en el
ámbito del transporte.
Facua
ha afirmado además que la intención de Industria de abrir las ITV a
concesionarios de automóviles y a otras empresas del sector supone la
privatización de un servicio público y genera un conflicto de intereses.
"¿Quién garantizaría el control de calidad si un taller o un concesionario
se convierte al mismo tiempo en punto de reparación o venta de vehículos y
también en estación de ITV?", se pregunta.
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Al
mismo tiempo, la organización ha reclamado que, para garantizar un equilibrio
en las tarifas de las ITV, es necesario que siga siendo un servicio público y
con importes similares en todo el país.
Según
Facua, el hecho de que las comunidades autónomas sean las que regulan los
sistemas de ITV, provoca diferencias de hasta el 144% en el precio. A finales
de 2013, un conductor con un vehículo diesel pagaba 26 euros en Extremadura por
la ITV, mientras que ese mismo conductor pagaría algo más de 63 euros en la
Comunidad Valenciana, región que hace ya más de dos décadas privatizó el
servicio de ITV.
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