- Los Técnicos de Hacienda sugieren una reforma fiscal “verde” en la antesala de la COP25 para reducir el dióxido de carbono en torno al 3%
- Estiman que España sufre un déficit superior a los 6.000 millones de euros en la imposición medioambiental con respecto a la media europea
Los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) proponen crear un impuesto sobre las emisiones de gases de
efecto invernadero con el que recaudar más de 10.000 millones de euros al año
en España y reducirlas en torno al 3%, ante la inauguración en Madrid de la
COP25 el próximo lunes. De esta manera, nuestro país compensaría un déficit
superior a los 6.000 millones de euros que sufre en la imposición
medioambiental respecto a la media europea.
Tabla 1. El “agujero” en la recaudación por impuestos medioambientales
Cálculos: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los informes de Eurostat
En concreto, los técnicos
sugieren una batería de medidas en la fiscalidad medioambiental europea para
lograr emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2050, tal y como se han
comprometido hasta el momento 65 países, entre los que figura España junto al
resto de los países más desarrollados de Europa como Alemania, Reino Unido, Francia
e Italia, con el objetivo de activar planes dentro de una Alianza por la Acción
Climática.
El impuesto que plantea Gestha
gravaría las actividades económicas y productos que en su proceso o uso emitan
Dióxido de carbono (CO2), Óxido nitroso (N2O), Metano (CH4),
Clorofluorocarbonos (CFC) y Ozono troposférico (O3). Los técnicos aclaran que
otros gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre (SF6), los
hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) están gravados en
nuestro país por el Impuesto sobre gases fluorados, que apenas recaudó 91
millones de euros en España el pasado año, por lo que los recomiendan
unificarlos en el nuevo tributo.
Sin embargo, el impuesto no
afectaría a las empresas incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión (RCDE UE) para evitar la doble imposición, ni a los fabricantes de los
turismos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos. Por tanto, las personas
y las entidades jurídicas que exploten las instalaciones en las que se
desarrollen las restantes actividades quedarán gravadas con el nuevo impuesto a
través de dos factores de imposición sobre los carburantes y los combustibles,
uno ligado a la emisión de gases de efecto invernadero para reducir la
contaminación (en kg o tonelada de cada uno de los gases), y otro ligado al
contenido energético (en gigajulios) para reducir el consumo energético con
independencia del producto energético utilizado.
Los técnicos explican que este
impuesto sería de naturaleza estatal, aunque podría negociarse con las CCAA la
cesión de parte de su recaudación. Y a nivel de la Unión Europea, proyectan una
reformulación de los Impuestos especiales.
Una reforma fiscal “verde”
En el Impuesto especial sobre
Hidrocarburos proponen modificar la Directiva comunitaria por la que se
reestructura el régimen de imposición de los productos energéticos y de la
electricidad. Asimismo, Gestha defiende una equiparación de la tributación que
soportan el diésel y la gasolina, en línea con el informe de la Comisión de
Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español de 2014. Y es que, pese
a que el diésel es un combustible mucho más contaminante, su gravamen es entre
un 23 y un 29% inferior al de la gasolina. En este sentido, recuerda que en los
fallidos PGE para 2019, el Gobierno calculaba que reduciendo la bonificación
del impuesto especial sobre el gasóleo podrían ingresarse 670 millones de
euros.
Por otra parte, los técnicos
suprimirían el Impuesto Especial sobre el carbón para integrarlo en el nuevo
tributo, puesto que España sólo recaudó 255 millones en 2018 debido a las
amplias exenciones. Y en cuanto al Impuesto Especial sobre la Electricidad,
calcularían la base imponible con el número de kilovatios-hora consumidos para
incentivar la eficiencia y el ahorro energético.
En el Impuesto sobre el valor
de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) Gestha considera conveniente
aprobar una exención, como reclaman las asociaciones que agrupan a estas
pequeñas instalaciones. Finalmente, recuerda que la tributación del Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) depende de las
emisiones de CO2 y que el porcentaje de vehículos exentos ha pasado del 21% en
2008 al 76% de los vehículos vendidos en 2016, por lo que los técnicos piensan
que habría que revisar sus exenciones.
Según el secretario general de
Gestha, José María Mollinedo, “cumplir el principio de que quien contamina paga
ayudaría a establecer un marco de responsabilidad medioambiental, fundamental
en un momento en el que la Eurocámara ha declarado la emergencia climática”.
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