• Más allá de titulares en medios de comunicación, las
estrategias planteadas en otros países están articuladas como medidas no
vinculantes.
• Francia, Inglaterra o Alemania han acompañado sus planes de
una dotación económica amplia dedicada a la descarbonización del transporte
desde sus distintos ámbitos
Las distintas iniciativas en España para vetar la venta o circulación de
vehículos con emisiones de CO2 directas como la futura Ley de Cambio Climático
en Baleares, en avanzada fase de tramitación para prohibir la circulación de vehículos diésel a partir de 2025 y todos
los vehículos de combustión a partir de 2035, dibujan un panorama para el
sector de la automoción inédito en Europa.
Aunque sus promotores
argumentan que estos objetivos se alinean con la línea más prudente de los
países europeos, que están aprobando incluso plazos más cortos para esta
prohibición, ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno ha aprobado una
limitación similar en ninguna norma con rango de ley o vinculante.
Si bien no se puede negar que
varios países europeos han anunciado medidas para la descarbonización del
parque automovilístico, el fondo y la forma difieren en puntos fundamentales,
sobre todo respecto del carácter prohibicionista que presenta el proyecto de
Baleares. Pocos países han tomado verdaderamente medidas legislativas con
respecto a los programas de incentivos o la finalización de las ventas de
vehículos de combustión interna. Además, en todos los casos, la acción
legislativa aprobada no es vinculante, sino que las restricciones se articulan
a través de documentos estratégicos que señalan objetivos. Las iniciativas en
la mayor parte de los países se limitan en este momento a promesas o titulares
en los medios de comunicación, sin tener una trasposición real a nivel
legislativo.
Lo que sí se han establecido
en varios países europeos son limitaciones a la circulación de vehículos de
diésel o gasolina en zonas denominadas “de bajas emisiones” en entornos urbanos
en función, en varios de los casos, de un etiquetado ambiental que discrimina a
los
automóviles por su potencial
contaminador, que depende, fundamentalmente, de su antigüedad.
Además, en todos los casos,
las medidas de restricción vienen acompañadas de abultados presupuestos
orientados a la descarbonización del transporte desde distintos puntos de
vista: desde ayudas directas a la renovación del parque (con vehículos también
de combustión) o a la adquisición de vehículos cero emisiones, hasta impulso a
la instalación de infraestructuras, mejora de la movilidad ciudadana o apoyo a
las inversiones industriales.
Desde ANFAC, resaltamos, como
venimos haciendo desde que se conoció esta medida, que, si bien los fabricantes
comparten plenamente el objetivo de descarbonización del parque y están
haciendo esfuerzos multimillonarios para ampliar sus flotas de vehículos con
cero y bajas emisiones, no podemos apoyar medidas basadas en el prohibicionismo
y contrarias al principio de la neutralidad tecnológica, principio que refrenda
Europa con sus medidas.
REINO UNIDO: ROAD TO ZERO
Aunque los titulares de prensa
en Reino Unido apunten a una prohibición de los vehículos de combustión en
2040, la estrategia Road to Zero no tiene rango de Ley. Establece el objetivo
de que todos los coches y furgonetas nuevas en 2040 sean cero emisiones y que
todo el parque esté descarbonizado en 2050. No prohíbe tecnologías en
particular.
Pero, además, una de las
principales metas de esta estrategia es “mantener a la industria
automovilística británica como líder en el diseño y la fabricación de vehículos
cero emisiones”, un respaldo al sector imprescindible para hacer frente a esta
transición. Cuenta con un presupuesto de 2.700 millones de libras para la
descarbonización del transporte, de los que 1.500 millones están directamente
dedicados a ayudas a la compra de vehículo cero emisiones y despliegue de
infraestructuras, así como a la financiación de proyectos industriales y de
I+D. Prevén la creación de un Automotive Council para la colaboración
público-privada con el sector.
Esta estrategia va acompañada
de un Plan de Calidad del Aire para las distintas localidades. Ciudades como
Londres, Leeds, Birmingham o Southampton ya tienen previsto un marco
regulatorio específico para
zonas de bajas emisiones basadas en la restricción de entrada de vehículos en
función de su potencial contaminador y antigüedad.
FRANCIA: ENFOQUE INTEGRAL
La Ley de Ordenación de la Movilidad,
cuya publicación está prevista para próximas fechas, enfoca la mejora de la
movilidad desde un punto de vista amplio, abarcando no solo el vehículo privado
sino también la mejora de infraestructuras ferroviarias o las carreteras.
Estos objetivos llevan
aparejados unos instrumentos de acompañamiento que incluyen incentivos a la
renovación del parque con vehículos eléctricos o combustión con emisiones
menores a 130 gr CO2/km, ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e
híbridos y medidas de modernización de las redes. Incluye una partida para el
desarrollo de una movilidad limpia y compartida. Además, promueve la
implementación de planes de calidad del aire en los municipios.
El presupuesto total
comprometido asciende a 20.700 millones de euros.
París, Grenoble o Estrasburgo
ya tienen zonas de bajas emisiones delimitadas a partir de un etiquetado
medioambiental en función del potencial contaminador.
ALEMANIA: FOMENTO DE LA
MOVILIDAD ELÉCTRICA
Alemania ha desarrollado un
plan de Fomento de la Movilidad Eléctrica, con un presupuesto comprometido de
3.200 millones de euros. Este plan incluye 1.200 millones de euros subvenciones
de hasta 3.000 euros por vehículo en caso de la compra de un híbrido y de hasta
4.000 euros si se trata de un
eléctrico. Crea un fondo de 300 millones de euros para la instalación de
infraestructuras de recarga y dedica 2.200 millones a potenciar la
investigación en movilidad eléctrica.
Berlín, Hamburgo y Stuttgart
tienen marcos regulatorios para el establecimiento de zonas de bajas emisiones,
cuyas restricciones están basadas en un etiquetado medioambiental.
PAÍSES BAJOS Y DINAMARCA:
AGENDA ENERGÉTICA
Ambos países coinciden en la
necesidad de descarbonizar el transporte pero también la generación de energía.
Holanda apunta a eliminar el carbón y el gas del mix energético y que el 100%
de los vehículos nuevos sean cero emisiones en 2035. Dinamarca apunta a que el suministro de energía para el
transporte provenga de fuentes renovables en 2050, lo que implica que el sector
tendrá que afrontar una transición ecológica en los próximos años.
Se han dotado en ambos casos
de ayudas fiscales a la compra de vehículos cero y bajas emisiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solo comentarios relacionados con la información de la página.