La
Comisión Europea (CE) considera que los planes de incentivo a la compra de
vehículos impulsados por energías alternativas que ofrece España son "a
menudo muy limitados en el tiempo y en el presupuesto", según recoge las
conclusiones de un informe elaborado por el Ejecutivo comunitario y consultado
por 'La Tribuna de Automoción'.
En
el documento, la CE destaca que una mayor duración de dichos planes de
incentivo podría ofrecer "certeza" a los operadores, al tiempo que
incrementaría la probabilidad de que las metas puedan alcanzarse.
España
quiere tener entre 38.000 y 150.000 vehículos de propulsión alternativa para
2020 y alcanzar los 2,6 millones de unidades en 2030. En la actualidad, el
parque automovilístico español cuenta con 12.883 vehículos de este tipo.
La
publicación recuerda que Bruselas ha amonestado a España porque no ha incluido
en su estrategia el número de puntos de caga para 2020, así como que la
Comisión Europea considera la opción de "iniciar un proceso de
infracción" por una "violación de un requerimiento básico de una
directiva", en referencia a la normativa 2014/94, la cual solicita a los
Estados miembro que expliquen sus planes en materia de energías alternativas.
No
obstante, fuentes del Ministerio de Economía consultadas por 'La Tribuna de
Automoción' no creen que el Gobierno comunitario abra un proceso de infracción
por dichos detalles contra España. Además, explican que no han fijado un
objetivo cuantitativo porque prefieren centrarse en garantizar la circulación
de vehículos eléctricos en aglomeraciones urbanas y en determinadas redes.
Por
otro lado, el texto refleja que, a finales de septiembre de este año, había
118.000 puntos públicos para vehículos eléctricos en la Unión Europea, 3.458
para gas natural y 82 para hídrogeno.
Con
las previsiones individuales de cada país se alcanzarían menos de 200.000
puntos para la carga de automóviles eléctricos en 2020, lo que, a juicio de
Bruselas, es "insuficiente" para los cuatro millones de vehículos que
habrá de esta tipología. El Ejecutivo comunitario señala que deberían existir
440.000 cargadores, lo que supondría un desembolso de 3.900 millones de euros.
Fuentes
de la CE han aclarado a la publicación española que para cumplir con los
pronósticos en materia de sistemas de recarga de vehículos eléctricos será
necesario invertir 904 millones de euros antes de 2020.
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