La Fiscalía de Medio Ambiente ha trasladado a la
Fiscalía de Madrid unas actuaciones realizadas sobre un supuesto fraude
detectado en diversos talleres de Madrid para falsear las emisiones de gases
contaminantes en los vehículos, por si existiera delito de falsedad documental
ya que de las primeras investigaciones se ha concluido que no existe delito
contra el Medio Ambiente.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado, el
fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha coordinado
con la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la especialidad ambiental la
inspección de distintos talleres de reparación de automóviles que ofertaban en
Internet la anulación de los filtros anti partículas (FAP) y la reprogramación
del software de vehículos diésel.
Esto provocaba mayor contaminación y además permitía
al usuario del vehículo incrementar la potencia del coche y burlar los
controles medioambientales de las ITV. La Fiscalía de Medio Ambiente comenzó a
investigar al entender que tales conductas supondrían incumplir lo dispuesto en
la Norma Euro 5 de la Comisión Europea.
Investigación durante todo 2015
La operación que se ha llevado a cabo a lo largo de
todo el 2015 en la Comunidad de Madrid ha culminado ahora con la identificación
de diversos establecimientos en los que se procedía, de forma ilícita, a
modificar el sistema electrónico mediante la reprogramación de la centralita
informática del vehículo con el objetivo de anular el filtro de partículas.
En ocasiones simplemente se eliminaba el filtro de
manera mecánica y sin retoques informáticos, lo que implicaba, "a mayor
abundamiento", un aumento sustancial de su potencia al eliminar los
filtros, sin o mediante la reprogramación electrónica. Desde la Fiscalía de
Medio Ambiente recalcan que como consecuencia de las manipulaciones descritas,
y habida de la cuenta rectificación de las características técnicas del
vehículo, se producía también un cambio de los datos reflejados en la
documentación oficial de los mismos.
Sin embargo, no se ha podido inferir de los hechos
investigados la existencia de un delito contra los recursos naturales y el
medio ambiente del artículo 325 del Código Penal, al no poder cuantificar con
los medios actuales el número de vehículos afectados, y siendo el número de
vehículos revisados limitado (casi cincuenta).
Por eso, se ha concluido que no existe un delito
contra el medio ambiente y se han remitido las actuaciones a la Fiscalía de
Madrid por si dichos hechos sí pudieran ser constitutivos de un delito de
Falsedad Documental.
Comunicación a Industria
Por otro lado y a fin de determinar las posibles
responsabilidades administrativas de los titulares de los talleres y/o
propietarios de los vehículos, se ha enviado una comunicación a la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a fin de que se ordene la restitución de los
sistemas mecánicos y electrónicos de control de emisiones y la adecuación de
sus características en cada caso y en cada vehículo.
Asimismo, han instado a la Administración a que
adopten las medidas necesarias para que la Inspección Técnica de Vehículos
puedan detectar -"pero en el plazo más breve posible, por razones
evidentes"-, de futuro, y corregir, las irregularidades detectadas, así
como extremar la vigilancia para poner freno a las mismas.
Concretamente en el oficio librado a la Dirección
General se hace constar que "en atención a que según lo manifestado por
distintos propietarios de vehículos manipulados, dichos vehículos a pesar de
las irregularidades que presentaban tras haber sido modificados, han superado
con éxito la Inspección Técnica de Vehículos al no detectarse en la misma las
irregularidades".
Por ello, consideran "imprescindible" que
desde la Dirección General de Industria "se adopten con la mayor urgencia
posible las medidas necesarias para que la ITV esté en condiciones de detectar,
corregir y sancionar las referidas irregularidades dadas sus innegables
consecuencias en materia medioambiental y de seguridad vial".
En su opinión, "sería de todo punto inadmisible
que -a la vista de lo expuesto- se tolerara mediante una actitud omisiva que
tal Inspección sea en la práctica en un mero formalismo carente de
eficacia".
Por último, debe señalarse que de la investigación
desarrollada en la Comunidad de Madrid resultan indicios de que similares
conductas ilícitas se pueden estar produciendo en el resto del territorio
nacional, "con las inaceptables consecuencias medioambientales que pueden
resultar de la suma de infracciones individuales".
Desde la Fiscalía son conscientes de que es evidente
que en sí mismas e individualmente consideradas estas infracciones carecen de
trascendencia penal, habida cuenta la actual redacción del artículo 325 C.
Penal.
No obstante, "considerando los efectos globales o
conjuntos de las mismas, ante una situación de estas características",
para la Fiscalía "resulta ineludible exigir a todas las Administraciones e
Instituciones con competencia en la materia el máximo esfuerzo para erradicar y
sancionar semejantes prácticas, así como demandar igualmente a los ciudadanos
una actitud de cooperación activa y de implicación comprometida para evitar su
proliferación".
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