Teruel (36%), Huesca (28%) y León (23%)
tienen una proporción de tramos de riesgo ‘elevado’ o ‘muy elevado’ superior a
más del doble de la media española (11%).
Por comunidades autónomas, encabezan la
lista Aragón (26%), Castilla y León (14%), Cataluña (13%) y Galicia y
Castilla-La Mancha (ambas 12%).
El tramo con mayor riesgo de España está en
la N-541 entre Dacón y A Almuzara, en Ourense. Galicia tiene 3 tramos entre los
10 más peligrosos de España.
Las víctimas mortales en motocicleta en
carretera aumentaron un 24% entre 2014 y 2018 y ya suponen un 24% de todos los
accidentes mortales y graves de la RCE. En las vías de acceso a Barcelona se
encuentran 3 de los 10 tramos con más accidentes de moto de la Red de
Carreteras del Estado.
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El RACC pide un nuevo impulso a la
seguridad vial en España y reclama un fondo extraordinario de mejora de la
seguridad en las carreteras españolas.
Este
estudio identifica, por un lado, los tramos de carretera con mayor riesgo de
accidentalidad grave o mortal en función de la cantidad de vehículos que
circulan por ellos, y por otro, los tramos con más concentración de accidentes.
Para elaborar el análisis, el RACC ha contado con la colaboración del
Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico.
EuroRAP
es un consorcio europeo que analiza el riesgo de accidentalidad de las
carreteras con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Su metodología,
utilizada en más de 100 países, compara el número de accidentes graves y
mortales de los últimos 3 años en un tramo de carretera con el volumen de
vehículos que circulan por él (la Intensidad Media Diaria de Tráfico, la IMD).
El estudio EuroRAP se publica cada año en España desde 2003 y evalúa más de
25.000 km de carreteras interurbanas de titularidad estatal.
La
presentación del estudio EuroRAP se enmarca en un contexto en el que el
descenso de la accidentalidad en España no solo se ha estancado desde 2013,
sino que incluso ha experimentado un repunte. Estos datos alejan a España del
cumplimiento del objetivo de la Unión Europea de reducir las víctimas mortales
de tráfico en un 50% en la década 2010-2020 (entre 2010 y 2018 solo se han
reducido un 27%) y pone de manifiesto la necesidad de dar un nuevo impulso a la
seguridad vial a través de nuevas medidas concretas y efectivas a corto y medio
plazo.
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