Ante la falta de puntos de recarga y una oferta real a un
precio asequible
Baleares es la segunda comunidad con menos puntos de carga
rápida de España
Aneval, la asociación que
agrupa a la mitad del mercado del rent a car en España, ha solicitado al
Gobierno balear una moratoria para aplicar la Ley de Cambio Climático con el
objetivo de que la Administración disponga del tiempo suficiente para hacer
real una infraestructura de puntos de recarga en las islas y de que los
fabricantes lancen una mayor oferta de vehículos eléctricos que facilite esta
transición.
Para Aneval, las exigencias de
esta Ley, que marca para 2020 el objetivo de que el 2% de las compras de
vehículos de los alquiladores para Baleares sean eléctricos y que un 0,6% de
flota esté electrificada, no se ha visto acompasada por una política de
inversiones en infraestructuras o un plan de incentivos que, en lugar de
prohibir las motorizaciones de combustión, estimule la demanda de esta nueva
tecnología.
Prueba de ello es que mientras
que las ventas de modelos eléctricos en Baleares apenas se incrementaron un
0,7% en lo que va de año, en Canarias lo hicieron en un 75%, es decir, 100
veces más, gracias a la iniciativa de la Administración canaria de eliminar el
IGIC en la compra de este tipo de modelos.
Además, Baleares es la novena
comunidad con menor penetración de vehículo electrificado y de desarrollo de
infraestructura de recarga, según datos de Anfac del segundo trimestre del año,
situándose alejada de regiones con menor PIB per cápita como Asturias y
Castilla-La Mancha. Asimismo, es la segunda comunidad con menos puntos de
recarga rápida, tan sólo por delante de Ceuta y Melilla.
Una oferta exigua
Para Aneval, el cumplimiento
de esta normativa en los términos planteados es todavía más difícil si se tiene
en cuenta la falta de una oferta completa de vehículos eléctricos, pues del
total de 336 modelos que se comercializan en España, tan sólo 21 son eléctricos
(el 6,2% del total de modelos ofertados). Esto explica que estas motorizaciones
sólo acaparen un 0,7% de las ventas totales en lo que va de año.
Otro hándicap para la
electrificación de las flotas de rent a car está en el coste de adquisición de
estos modelos, que parten de los 25.000 euros, el equivalente a un modelo
Premium, lo que dificulta a los pequeños operadores esta transición pues
carecen del músculo financiero necesario para acometer estas inversiones. Sólo
en Baleares hay un total de 341 pequeñas y medianas empresas de rent a car que
difícilmente podrían llegar a este objetivo de electrificación.
Indefiniciones
Por otro lado, la asociación
recuerda que la Ley de Cambio Climático presenta “indefiniciones” de carácter
temporal y territorial que dificultan en extremo llevar el texto legal a la
práctica. Y es que esta normativa obvia que las decisiones de compras no son
geográficas y que el carácter móvil de las flotas entre territorios complica
cuantificar qué compras van destinadas a operar en cada zona.
Este dinamismo es precisamente
el que hace difícil cumplir con el objetivo de que un 0,6% de flota esté
electrificada en 2020 pues supondría un “trajín” de coches entre territorios
insulares y peninsulares para responder al nivel exigido. Además, la norma no especifica
en qué periodo temporal se va a contabilizar ese porcentaje de flota eléctrica,
si debe ser en la media de todo el año o teniendo en cuenta el valor al final
de cada mes, por citar dos supuestos, y cómo deben justificarlo los operadores.
Según el director corporativo
de Aneval, José Luis Sanz, “el sector del rent a car está completamente de
acuerdo con la descarbonización del parque, pero ésta no se puede llevar a cabo
de una manera acelerada ni discriminando tecnologías. Sería deseable que el Gobern
balear flexibilice esta normativa con el objetivo de facilitar a los operadores
de rent a car, tanto grandes como pequeños”.
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