Ante la inminente aprobación
del proyecto de Presupuestos, ATUC solicita a Hacienda recuperar el nivel de
subvenciones de hace siete años, cuando se recortaron un 27% por la crisis
Ante la inminente aprobación
del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la
Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) pide al
Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con
la movilidad sostenible, pues actualmente apenas subvenciona el 7% de lo que
cuesta cada año el sistema.
En este sentido, el coste se
ha mantenido prácticamente intacto en los últimos siete años, cuando las
subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis, lo que está
limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra
el cambio climático y la contaminación en las ciudades buscando reducir los
coches en circulación con el cierre al tráfico privado de los centros urbanos
de casi 150 ciudades y fomentar el transporte público como alternativa
sostenible para moverse.
Y es que, en total, la
Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, inyecta anualmente
51 millones de euros a más de 90 municipios, cuando los costes ascienden hasta
los 5.000 millones. Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que
reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año
también Valencia, y que se financian mediante los llamados contratos programa
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al ser su transporte público
más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan
de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.
Para ATUC es fundamental una
mayor implicación del Estado, que debería como mínimo llegar al 15% de la
financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte
público urbano y metropolitano. De esta forma, el esfuerzo de todas las partes
implicadas sería mucho más equitativo y como tal debería quedar reflejado en
una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito nacional, de la que
España es el único país de Europa que carece actualmente.
Un reparto más justo
De tener España un marco legal
para la financiación del transporte público, la norma permitiría establecer
criterios diferentes y más justos a la hora de repartir las subvenciones a los
ayuntamientos. En la actualidad, el reparto que hace Hacienda se establece de
media en un 85% en función del déficit por billete, aportando más en aquellos
casos en que los ingresos por billetes cubren menos costes y dejando a un lado
factores tan importantes como la eficiencia.
Con el actual método se puede
dar el caso de que una ciudad que tenga un transporte público más complejo y,
por tanto, una mayor necesidad de financiación reciba hasta cinco veces menos
fondos que otra con una población similar pero que por tener unas condiciones
menos complejas puede justificar una menor eficiencia de su sistema.
Por ello, la entidad pide una
revisión de los criterios de reparto en el que no tenga tanto peso el déficit
por billete y se dé mayor protagonismo a otros aspectos como la demanda, la
longitud de línea o los criterios medioambientales; es decir, un modelo más
equilibrado y eficaz y menos perverso.
Esta Ley de Financiación del
Transporte Público permitirá, además, conocer con mayor antelación las
subvenciones que recibirán los ayuntamientos, que hasta la fecha deben esperar
a los últimos días del año para conocer los fondos del Estado con los que
contarán en el siguiente ejercicio y que tanto les condiciona, entre otros
aspectos, las inversiones en servicio y renovación de flota.
Cuadro 1. TOP 5 de ciudades
que reciben más subvención*
Fuente: ATUC a partir de datos
del Ministerio de Hacienda
*No se incluyen las áreas
metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y Valencia
Según el secretario general de
ATUC, Jesús Herrero, “tenemos un esquema de financiación de transporte público
sin pies ni cabeza que debe ordenarse en una Ley de ámbito estatal. No podemos
pretender que el transporte público sea la gran alternativa de movilidad en
este momento de lucha contra el cambio climático si ni siquiera las ciudades
saben con qué dinero van a contar durante el año. Además, es necesario que
empezamos a ver el transporte urbano desde una óptica nacional. Si la
contaminación es un problema nacional, ¿por qué no tiene su misma consideración
su solución? Y todo ello amparado en una mayor coordinación entre ministerios,
desde Hacienda a Transición Ecológica, pasando por Fomento”.
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