El
magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la manipulación de
determinados motores diesel de Volkswagen AG ha aceptado la personación como
acusación particular en la causa de la asociación de consumidores Facua, que representa
a más de 5.000 afectados por la situación.
Según una
nota remitida por la organización de consumidores, el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha aceptado en una providencia
dictada el 27 de julio la petición de Facua, que pretende ejercer la dirección
letrada en representación de las personas que así se lo han solicitado.
Facua
creó una plataforma de afectados cuando se descubrió el escándalo de la que
forman parte más de 40.000 personas, y por el que el magistrado imputó
indiciariamente a la matriz alemana de la compañía delitos de defraudación, que
causan perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y contra
el medio ambiente.
La
querella que tramita el juez Moreno fue presentada por el Sindicato Manos
Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de
Afectados por Motores Volkswagen, y se centra en la presunta manipulación de
determinados motores diesel de 4 cilindros.
El
trucaje se pudo realizarse, según investiga el magistrado, con la instalación
de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un
banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de
los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.
Según
precisa la nota remitida por la asociación, ya son casi 5.000 los propietarios
de vehículos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda que les han pedido que les
represente en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Así, explican que su equipo
jurídico pretende reclamar tanto responsabilidades penales como civiles, es
decir, indemnizaciones económicas para los socios de la organización a los que
represente, ejerciendo la acusación particular en su nombre.
DAMNIFICADOS DE
EEUU COMO REFERENCIA
A falta
de determinar la cuantía exacta a reclamar, la cifra de inicio que se tomará
como referencia es la de 4.400 euros _unos 5.000 dólares_, que es la cantidad
ofrecida por Volkswagen a los afectados en Estados Unidos tras sus
negociaciones con la Fiscalía General, las autoridades medioambientales y los
Estados federados, cuyo acuerdo preliminar acaba de ser aprobado por un juez.
Facua
explica que tras estallar el escándalo puso en marcha una plataforma de
afectados para asesorarles sobre sus derechos y plantear reivindicaciones a las
autoridades competentes, a la que se han sumado más de 42.000 usuarios de toda
España, y que representa, según declaran, el mayor colectivo de víctimas del
fraude en toda la Unión Europea.
La
organización también realizó reclamaciones ante organismos de consumo y
lograron que tanto Andalucía como Castilla-La Mancha incoaran sendos
expedientes sancionadores contra el consorcio automovilístico. El caso también
fue denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), la cual respondió que mientras estuviese abierto el procedimiento penal
en curso en la Audiencia Nacional no podía iniciar actuaciones
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