El Informe del Consejo de Estado se muestra
contrario a la definición de «usuarios de la vía» que realiza la DGT, y que
puede abarcar a conductores de vehículos y peatones, obligando a estos a
realizar pruebas de alcohol y drogas cuando se hallen implicados en un
accidente o cometan una infracción.
A su juicio, esta conclusión es "insostenible",
pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el
territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se verían
dañado «por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas
restricciones».
En este sentido, alega que, de llevarse a cabo la norma
pretendida «los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas
populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume
habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de
alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente».
Del mismo modo, se refiere a las personas que toman
habitualmente medicinas que contengan codeínas, benzodiacepinas, opiáceos o
semenjantes, que darían positivo en el test de drogas y que, según el Consejo
de Estado, sólo "podrían aventurarse a salir de casa con las
correspondientes recetas médicas".
Este concepto de usuario de vía, también influye a la
hora de imponer unos límites de velocidad. Así, la norma propuesta por la DGT
pretende introducir un límite de velocidad máxima a los peatones mediante el
texto: «Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la
velocidad del paso humano» lo que, para el Consejo de Estado supondría "la
prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos".
Además, apunta en el informe que "quien circula a
pie es peatón, de manera que mal puede ser un conductor, pero en todo caso
quien circula a pie siempre se mueve a velocidad de su propio paso".
"Colapso" en las ciudades ante la reducción de
la velocidad
Los cambios de límites de velocidad en las diferentes
vías es otro de los temas más aludidos por el Consejo de Estado. El organismo
señala que la DGT no ha calculado los gastos de nueva señalización y que no ha
documentado algunas de las cifras que presenta y que relacionan la velocidad
con la siniestralidad en ciertas vías.
Asimismo, le recrimina que ante las diferentes
alegaciones de administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones
"no se ha dado respuesta alguna".
En cuanto a la reducción de velocidad en zonas urbanas,
el Consejo de Estado se muestra contrario a su aprobación porque "invade
las competencias de las Entidades Locales" y apunta que, de llevarse a
cabo esta norma, será «objeto de una inmediata impugnación por parte de los
ayuntamientos". Además, éstos han mostrado su oposición a la misma, al
considerar que podría "colapsar" la circulación de las ciudades.
Entre las principales razones por las que el organismo no
aconseja a la DGT modificar los cambios de velocidad es «porque la ciudadanía
no los ha demandado», así como que el paso de 100km/h a 90km/h en carreteras
convencionales y de 90km/h a, en muchos casos, 50km/h en la red secundaria
"ralentizará necesariamente todos los desplazamientos en España".
Aumento a 130 km/h
Del mismo modo, pone en duda la ejecución de los aumentos
de velocidad en autopista a 130km/h, en circunstancias especiales, y que, según
el texto, se señalizará en los paneles con mensaje variable. El Consejo de
Estado cuestiona "las posibilidades que tienen los conductores para probar
que cuando circulaban a 130km/h en autopista lo hacían en cumplimiento de la
norma fijada en un panel".
El Ministerio de Fomento ha expresado su opinión sobre
esta medida que, a su jucio, "supone una disminución de la conciencia del
riesgo por parte de los conductores", según recoge el informe del Consejo
de Estado.
Bicicletas y ciclomotores
En cuanto a la normativa hacia los ciclistas, el Consejo
de Estado, la denomina como "notablemente imprecisa", con situaciones
que considera "absurdas", como, por ejemplo, fijar límites de
velocidad para estos vehículos, cuando no poseen medidores.
Además, apunta que la autorización para transportar niños
menores de cinco años por cualquier ciclista «contradice las regulaciones sobre
medidas de seguridad vial de los menores» y que este reglamento "altera el
modelo urbano en España, en el que la acerca y la zona peatonal no son un
carril de circulación, sino un espacio de convivencia de los ciudadanos".
Finalmente, se pone en duda la decisión tomada por el
departamento que dirige María Seguí, en relación a la obligación de los conductores
de ciclomotor de llevar un casco homologado. El Consejo de Estado no duda que
la inversión de estos conductores en los cascos sea beneficioso a cambio de la
seguridad que reciben, pero critica que en el texto se contabilicen los gastos
señalando que este equipamiento cuesta 20 euros, cuando su precio oscila entre
los 70 y los 900 euros.
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