Las
empresas concesionarias de las autopistas en riesgo de quiebra no aceptarán el
plan de rescate propuesto por el Gobierno si no hay compensaciones. La
iniciativa del Ejecutivo consiste en aglutinar todos estos activos en problemas
bajo el paraguas de una nueva sociedad de capital 100% público, lo que supone
para las dueñas de estos activos ceder su propiedad sin nada a cambio.
A
este quebranto se suma el hecho de que muchas empresas constructoras,
propietarias de la mayoría de las concesionarias en concurso de acreedores,
también se verán afectadas por una quita del 50% en las obras que todavía están
pendientes de pago por parte de la administración, 500 millones de euros en
total. Una cifra a la que ya se le aplicó otro recorte del 50% en 2010, cuando
el Gobierno socialista puso en marcha los créditos participativos y las cuentas
de compensación para dar viabilidad a estas concesiones.
Tanto
las cuentas de compensación como los créditos participativos son dos mecanismos
a los que las constructoras no están dispuestas a renunciar, al menos en
esencia. No obstante, como contraprestación a la renuncia de su propiedad sobre
las autopistas, las concesionarias también verían con buenos ojos el compromiso
del Gobierno de aumentar la inversión en obra civil o alargar concesiones en
vigor.
En
el caso de los créditos participativos, estos se comenzaron a otorgar a
mediados de 2011 con el objetivo de financiar los sobrecostes de aquellas
expropiaciones que superasen el 175% de los costes previstos en la oferta de
licitación. Este punto es especialmente sensible, ya que aún quedan por abonar
alrededor de 1.200 millones por este concepto, a asumir por Fomento según el
nuevo plan.
Dada
la responsabilidad patrimonial del Estado sobre estas autopistas en el caso de
que quiebren las concesionarias, lo que sin duda sería la peor solución para
las arcas públicas, las constructoras esperan un gesto del Gobierno.
Cuentas
de compensación
"Estos
préstamos participativos son más fáciles de cobrar porque el Gobierno se
comprometió legislativamente a pagarlos", explica una fuente conocedora de
la situación. "Por el contrario, las cuentas de compensación dependen de
la dotación presupuestaria y ahí es más difícil conseguir que haya voluntad
política".
El
sistema de cuentas de compensación fue diseñado para cubrir la diferencia entre
la facturación de las concesionarias y la que registrarían quedándose en el 80%
del tráfico previsto en el plan económico financiero presentado en la oferta de
licitación. Este dinero, no obstante, tendría que ser devuelto una vez los
tráficos mejoraran en las autopistas.
Las
cuentas de compensación y los créditos participativos han sido siempre las
reivindicaciones de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, para
poner fin a este conflicto, la cual ha tratado siempre de huir de un rescate
que implique perder la propiedad de estos activos.
En
este afán, durante el último año y presionada por el avance de muchas
concesionarias hacia la liquidación, Seopan negoció con el Gobierno la creación
de esta sociedad pública de autopistas pero siempre sin renunciar a una
participación en la misma. Llegó a hablarse incluso de que entre un 20 y un 30
por ciento del capital de la futura empresa estaría repartido entre las
actuales concesionarias.
Por
eso, varios afectados manifiestan su sorpresa por la nueva propuesta del
Gobierno, que "prácticamente es como ir a la liquidación". Según
Seopan, las empresas concesionarias ya han perdido el 100 por cien de su
capital, 1.800 millones, por los desembolsos de capital realizados en las vías
y los intereses de la deuda.
Al
igual que en el caso de las constructoras, las entidades acreedoras también
tendrán que asumir una quita del 50 por ciento para que la deuda financiera de
la nueva empresa sea de 2.400 millones.
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