Las
empresas concesionarias de las autopistas en riesgo de quiebra no aceptarán el
plan de rescate propuesto por el Gobierno si no hay compensaciones. La
iniciativa del Ejecutivo consiste en aglutinar todos estos activos en problemas
bajo el paraguas de una nueva sociedad de capital 100% público, lo que supone
para las dueñas de estos activos ceder su propiedad sin nada a cambio.
A
este quebranto se suma el hecho de que muchas empresas constructoras,
propietarias de la mayoría de las concesionarias en concurso de acreedores,
también se verán afectadas por una quita del 50% en las obras que todavía están
pendientes de pago por parte de la administración, 500 millones de euros en
total. Una cifra a la que ya se le aplicó otro recorte del 50% en 2010, cuando
el Gobierno socialista puso en marcha los créditos participativos y las cuentas
de compensación para dar viabilidad a estas concesiones.
Tanto
las cuentas de compensación como los créditos participativos son dos mecanismos
a los que las constructoras no están dispuestas a renunciar, al menos en
esencia. No obstante, como contraprestación a la renuncia de su propiedad sobre
las autopistas, las concesionarias también verían con buenos ojos el compromiso
del Gobierno de aumentar la inversión en obra civil o alargar concesiones en
vigor.
