Los talleres ilegales generan un fraude fiscal a la
Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago
del IVA -que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de los
impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades
e IRPF, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GANVAM).
Concretamente, estos centros ilegales representan ya al
20% del total, por lo que estamos hablando de alrededor de 10.000 negocios de
posventa que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los
criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las
obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.
