Se ha tratado la relación entre los talleres
clandestinos y los delitos como la manipulación del cuentakilómetros y el
desmontaje de piezas
Francisco Pardo, director general de la
Policía Nacional, y Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo de CETRAA y
presidente de APETREVA (CETRAA Albacete).
La Confederación Española de Talleres (CETRAA)
ha mantenido un encuentro recientemente con la Policía Nacional para
identificar vías de colaboración en su lucha constante contra los talleres clandestinos.
En representación de la Policía Nacional, ha acudido Francisco Pardo, director
general de la Policía Nacional, y en nombre de la patronal han comparecido
Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo y presidente de APETREVA (CETRAA
Albacete), y Ana Ávila, secretaria general de la Confederación.
El encuentro entre ambas entidades responde a
la vinculación existente, en muchos casos, entre este tipo de establecimientos
y algunos delitos como la manipulación del cuentakilómetros, el desmontaje y la
venta de piezas y coches robados. En esta línea, Antonio Atiénzar subraya que
“llevar a cabo reuniones como esta es fundamental para intercambiar impresiones
con las diferentes fuerzas del orden, cuya labor es crucial, sobre la situación
actual y adoptar decisiones de manera conjunta que contribuyan a acabar con
esta lacra que tantos perjuicios ocasiona a la sociedad”.
La patronal, que abandera la lucha contra el
intrusismo en el sector situándola siempre como una de sus prioridades, incide
en que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir su erradicación. Por
ello, subraya que las estimaciones ponen de manifiesto que aproximadamente el
20% de los talleres que operan en España es ilegal, siendo más de 9000 los que
actúan al margen de la ley. Asimismo, la Confederación enfatiza que la
existencia de talleres clandestinos origina riesgos para la seguridad vial por
la dudosa calidad de las reparaciones y de los materiales y recambios
utilizados, afecta al derecho del usuario a la garantía de la reparación, y
pone en peligro el medioambiente al desconocerse el destino de los residuos
tóxicos que genera este tipo de actividad, entre otros problemas. Cabe
destacar, además, que los talleres ilegales representan un gran foco de
economía sumergida, cifrando la Confederación en más de 3500 millones de euros
las pérdidas económicas provocadas en el sector, como ya trasladaron
representantes de la patronal a la Oficina Nacional de lucha Contra el Fraude a
finales del año pasado.
Una de las herramientas que la Confederación
ha puesto en marcha para acabar con esta lacra es la Sala de Denuncia, una
sección alojada en su web en la que los ciudadanos pueden denunciar de manera
anónima este tipo de prácticas irregulares. Esta plataforma ha registrado cerca
de 5500 denuncias desde su creación en 2014.
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