lunes, 29 de abril de 2019

CETRAA ABORDA CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL EL PROBLEMA DE LOS TALLERES ILEGALES


Se ha tratado la relación entre los talleres clandestinos y los delitos como la manipulación del cuentakilómetros y el desmontaje de piezas

Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, y Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo de CETRAA y presidente de APETREVA (CETRAA Albacete).


La Confederación Española de Talleres (CETRAA) ha mantenido un encuentro recientemente con la Policía Nacional para identificar vías de colaboración en su lucha constante contra los talleres clandestinos. En representación de la Policía Nacional, ha acudido Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, y en nombre de la patronal han comparecido Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo y presidente de APETREVA (CETRAA Albacete), y Ana Ávila, secretaria general de la Confederación.


El encuentro entre ambas entidades responde a la vinculación existente, en muchos casos, entre este tipo de establecimientos y algunos delitos como la manipulación del cuentakilómetros, el desmontaje y la venta de piezas y coches robados. En esta línea, Antonio Atiénzar subraya que “llevar a cabo reuniones como esta es fundamental para intercambiar impresiones con las diferentes fuerzas del orden, cuya labor es crucial, sobre la situación actual y adoptar decisiones de manera conjunta que contribuyan a acabar con esta lacra que tantos perjuicios ocasiona a la sociedad”.

La patronal, que abandera la lucha contra el intrusismo en el sector situándola siempre como una de sus prioridades, incide en que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir su erradicación. Por ello, subraya que las estimaciones ponen de manifiesto que aproximadamente el 20% de los talleres que operan en España es ilegal, siendo más de 9000 los que actúan al margen de la ley. Asimismo, la Confederación enfatiza que la existencia de talleres clandestinos origina riesgos para la seguridad vial por la dudosa calidad de las reparaciones y de los materiales y recambios utilizados, afecta al derecho del usuario a la garantía de la reparación, y pone en peligro el medioambiente al desconocerse el destino de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividad, entre otros problemas. Cabe destacar, además, que los talleres ilegales representan un gran foco de economía sumergida, cifrando la Confederación en más de 3500 millones de euros las pérdidas económicas provocadas en el sector, como ya trasladaron representantes de la patronal a la Oficina Nacional de lucha Contra el Fraude a finales del año pasado.

Una de las herramientas que la Confederación ha puesto en marcha para acabar con esta lacra es la Sala de Denuncia, una sección alojada en su web en la que los ciudadanos pueden denunciar de manera anónima este tipo de prácticas irregulares. Esta plataforma ha registrado cerca de 5500 denuncias desde su creación en 2014.

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