Las organizaciones defienden
“la armonización de la política autonómica de transición al vehículo eléctrico
con la nacional y la europea”
Respaldan también la denuncia
ante la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado contra Ley de Cambio
Climático y Transición Energética del Govern de les Illes Balears
La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de
Balears (CAEB) han expresado su “apoyo unánime” a la denuncia presentada por la
Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC) ante la
Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del
Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética del Govern de les Illes Balears.
CEOE, CEPYME y CAEB, que
defienden “la armonización de las políticas autonómicas de transición al
vehículo eléctrico con la nacional y la europea”, afirman que la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética del Govern balear “afecta gravemente el
normal funcionamiento del mercado interior y supone un claro incumplimiento del
derecho de la Unión Europea”.
La norma balear, que se
encuentra en avanzada fase de tramitación, contempla la prohibición de que
puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y
motos), pese a ser legal en el resto de España y de la Unión Europea.
El texto incluye, además, la
prohibición, a partir de 2035, de la circulación de coches, motos, furgones y
furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural
y cualquier hibridación con motores tradicionales). Sin embargo, la ley sí que
permitirá circular los vehículos ya radicados en Balears, con independencia de
su antigüedad y de sus emisiones.
Junto a CEOE, CEPYME y CAEB,
también muestran su apoyo a las denuncias de ANFAC la Federación de
Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO), así como la
Asociación Empresarial de
Distribuidores de Automoción de Balears (ASEDA) y la Asociación Balear de
Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (BALEVAL), integradas en la
Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que tachan la norma balear
de “contraria a la política europea”, así como de “regresiva y
discriminatoria”.
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