La Asociación corrige al alza
su previsión por restricciones al tráfico privado como las de Madrid Central,
que se extenderán a otros centros urbano se, que fue lanzado en 2018.
Los usuarios del transporte
público urbano subirán más de un 2,5% en 2018, según la Asociación de
Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), que ha corregido al alza
en cinco décimas sus perspectivas de crecimiento debido, entre otros motivos, a
las restricciones a los vehículos privados que se están acometiendo en diversas
ciudades, como Madrid, donde el número de viajeros de la EMT, por ejemplo,
aumentó en unos 10.000 diarios tras la entrada en vigor de Madrid Central; de
acuerdo a los datos ofrecidos por el Ayuntamiento.
No obstante, la asociación
considera que el crecimiento de viajeros en transporte público no puede
depender únicamente de la coyuntura económica y la llegada de turistas, sino
que debería obedecer a un flujo constante de usuarios procedentes del coche
privado, por lo que son necesarias medidas que desincentiven su uso y reduzcan
su presencia en las ciudades.
En este sentido, ATUC insiste
en la necesidad de potenciar y reforzar el sistema del transporte público para
absorber el incremento de la demanda que se producirá por medidas como los
cierres al tráfico privado que recoge el anteproyecto de ley contra el cambio
climático que, frente a toda lógica, no ha conferido al transporte público la
importancia que merece por su contribución para reducir las emisiones
contaminantes que originan los coches y por su papel determinante para aligerar
los atascos, que le cuestan a España más de 5.000 millones de euros al año.
En cualquier caso, ATUC ve
margen para que el transporte público crezca a doble dígito. Es decir, para que
alcance los 7,5 millones de usuarios, frente a los 4,5 millones con los que
cuenta en la actualidad. Pero para lograr el necesario cambio modal por el que
cada vez más personas aparquen sus coches y usen el transporte público para sus
desplazamientos diarios, habría que aumentar las frecuencias de paso y reducir
la duración de los trayectos, entre otras medidas.
Y todo ello pasa por aprobar
una Ley de Financiación del Transporte Público, cuyo desarrollo será el
principal reto del sector de cara al próximo año. Esta ley, de la que España es
el único país de Europa que carece, establecería lo que cada nivel de la administración
debe aportar a la financiación del sistema y le daría la sostenibilidad que
requiere como la principal alternativa al vehículo privado.
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