La patronal aboga por una reforma que trasvase la presión
fiscal de la compra al uso
Ganvam considera que la decisión
de aceptar una moratoria para la aplicación del nuevo WLTP es una muestra del
respaldo del Gobierno hacia un sector estratégico como es la automoción, ya que
la medida neutralizará la subida de precio de los vehículos nuevos hasta 2021,
lo que permitirá mantener la competitividad y la inercia de las ventas.
Concretamente, está previsto
aprobar un régimen transitorio que permitirá aplicar unos valores correlados
hasta diciembre de 2020 para reducir de un 20% a un 5% de media el impacto de
precio que podrían alcanzar los automóviles con el WLTP, debido al cambio de
fiscalidad por tener mayores emisiones que con la homologación anterior.
Para Vidal de la Peña, el
hecho de que el Gobierno se haya posicionado en la misma línea que otros países
europeos que han optado por este tipo de medidas pone de manifiesto que ha
escuchado al sector después de semanas de negociación y que hay voluntad política
de seguir haciéndolo porque aunque “estamos ante una decisión bienvenida y
valorada hay que seguir trabajando” pues lo deseable sería que en lugar de
parchear las medidas de Bruselas, se pusiera en marcha una reforma fiscal que
trasvase la presión impositiva de la compra al uso.
En este sentido, insiste en la
necesidad de eliminar el Impuesto de Matriculación, máxime cuando de los
grandes mercados europeos, España es el único con un gravamen de este tipo, lo
que reduce artificialmente el tamaño de su mercado potencial.
Al eliminarlo, se ayudaría a
consolidar la demanda interna a largo plazo al no penalizar la compra. Además,
como actualmente sólo tres de cada diez vehículos pagan este impuesto, la merma
económica para Hacienda no sólo sería reducida sino que se vería compensada por
la demanda adicional generada.
Dado que la supresión del
Impuesto de Matriculación no es sencilla de articular pues va contra la línea
de flotación de las cuentas de las comunidades autónomas que lo tienen
transferido, Ganvam propone reorientar el Impuesto Municipal de Circulación
para que se base en la emisiones en lugar de en la cilindrada y la potencia. Al
vincularlo al CO2 y a la normativa EURO se asociará a la antigüedad del coche y
por tanto, se establece un sistema justo de discriminación del coche por su
potencial contaminante.
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