El Estado deberá garantizar la capacidad del sistema de
transporte público ante el desafío de la concentración urbana y del
envejecimiento de la población
ATUC propone que Estado y
comunidades autónomas aumenten hasta el 30% su aportación a la financiación del
sistema
La asociación del transporte
urbano colectivo ATUC pide al nuevo Gobierno el desarrollo de un Plan Nacional
de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las
ciudades españolas, dejando atrás el localismo con el que exclusivamente se
aborda en la actualidad y elevándolo a cuestión de Estado, de manera que se
ofrezca la misma dimensión al problema de la contaminación que a su solución,
el transporte público.
Este plan daría respuesta,
además, a los grandes cambios sociales que amenazan la sostenibilidad del
sistema, como el aumento de la concentración urbana y el progresivo
envejecimiento de la población, ya que el transporte público es un servicio de
primera necesidad y pilar del estado del bienestar, pues garantiza la
movilidad, tal y como se ha puesto de manifiesto en el XXV Congreso Nacional de
Transporte Urbano y Metropolitano, que se celebra hoy en Ávila.
Por tanto, ATUC considera
imprescindible conferir a este plan un enfoque nacional aún teniendo en cuenta
que la gestión de la movilidad y del transporte público es competencia de los
ayuntamientos, y siempre se han de valorar las particularidades y el tamaño de
cada municipio.
Este nuevo enfoque pasa porque
el Estado tenga una mayor participación garantizando unos niveles de inversión
y aumentando su peso en la financiación, además de ordenar y acompasar las
medidas de índole social y ambiental, tales como las bonificaciones sociales del
transporte, el desarrollo de los planes en episodios de alta contaminación,
etc.
Para la entidad el ejemplo más
claro es el agua, un recurso que desde distintas instancias se pide que se
aborde como un asunto de Estado y, por tanto, se lleve a cabo una acción
política integradora y largoplacista.
Este plan, de hecho, debe
incluir no sólo a los tres niveles de la administración, ya que cada uno aporta
en mayor o menor parte los recursos públicos que el sistema de transporte
público requiere, sino también a todos los ministerios involucrados, es decir,
Fomento (transporte), Hacienda (financiación e inversiones), Transición
Ecológica (cambio climático) y Sanidad (la contaminación como una de las
primeras causas de mortalidad).
Este enfoque más ambicioso
pasa también por una mayor integración de todos los actores que intervienen en
la cadena modal, garantizando así el desarrollo de unas políticas consensuadas
y a largo plazo, permitiendo que el transporte público, junto con otros medios
de transporte sostenibles como la bicicleta o el car-sharing, sean la punta de
lanza en la lucha contra la contaminación y el cambio climático en España.
El desafío de la capacidad y
la eficacia
El otro eje del Plan Nacional
de Movilidad Urbana es garantizar la capacidad de servicio debido a la
multiplicación del número de usuarios de transporte público por las
restricciones en el uso del vehículo privado, pero también por los cambios
sociales que provocarán el envejecimiento progresivo de la población y la
concentración urbana.
En la actualidad, el 19% de
los españoles tiene más de 65 años, es decir, más de 8 millones que, según el
INE, serán más de 11,5 millones en 2031. Al mismo tiempo, de acuerdo a las
previsiones de Naciones Unidas, en 2030 el 40% de la población española se
concentrará en 15 ciudades, por lo que será necesario apostar por el transporte
colectivo frente al vehículo privado para garantizar la sostenibilidad de las
urbes y evitar la escalada de la contaminación y congestión.
Además, hay que tener en
cuenta que actualmente más de tres millones de españoles no usan el transporte
público para sus desplazamientos habituales pero podrían empezar a hacerlo si
se efectuaran actuaciones en aspectos tan básicos como la velocidad comercial o
la frecuencia de paso. Y todos ellos son problemas de servicio que podrían
subsanarse con un Plan Nacional de Movilidad Urbana, que desarrollaría medidas
con los recursos necesarios para su ejecución.
La primera piedra
Para ATUC, la primera piedra
del Plan Nacional de Movilidad Urbana es el desarrollo de una Ley de
Financiación del Transporte Público. De esta forma, se establecería un marco
legal de ámbito estatal a la financiación del sistema, que requiere actualmente
alrededor de 2.500 millones de euros de recursos públicos.
Esta ley establecería lo que
cada nivel de la administración aporta a la financiación del sistema y,
precisamente, en el modelo propuesto por ATUC se establece que el Estado y las
comunidades autónomas eleven hasta el 30% su aportación, mientras que los
ayuntamientos cubrirían el 25% y los ingresos por billete el 45% restante.
Según el secretario general de
ATUC, Jesús Herrero, “si el problema de la contaminación y la lucha contra el
cambio climático es una cuestión de Estado, ¿por qué no lo es una solución
coordinada por el transporte colectivo urbano? Si tanto se ha esforzado España
en conectar por alta velocidad las capitales de provincia, ¿por qué no se da la
misma importancia al transporte urbano que al interurbano?”.
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