MADRID, LA CAPITAL ESPAÑOLA DONDE MÁS MULTAS SE IMPONEN

Según un estudio realizado por la Fundación Línea Directa, los ayuntamientos españoles multan cinco veces más que la DGT.

Pese a la creencia general, el 70% de las multas de tráfico impuestas por los Ayuntamientos están directamente relacionadas con la seguridad vial y tan sólo el 30%, con la movilidad o el aparcamiento.

Sin embargo, las sanciones no acaban de modificar los malos hábitos en la conducción, ya que el 56% de los conductores madrileños admite sobrepasar los límites de velocidad de forma habitual, principalmente en vías de circunvalación y travesías urbanas.

Las sanciones de los consistorios no se traducen en una mejora en la accidentalidad: desde 2011, el número de accidentes con víctimas se ha incrementado un 20% en zona urbana y el número de fallecidos sólo ha descendido un 3,5% frente al 22% de las vías interurbanas.

Los conductores españoles siguen siendo muy críticos con sus Ayuntamientos: el 87% de los madrileños atribuye carácter recaudatorio a las multas y el 52% piensa que los radares persiguen obtener cuanto más dinero, mejor.

La crisis también afecta a las sanciones: la reducción del número de desplazamientos ha provocado un descenso en el número de multas impuestas por los Ayuntamientos. De hecho, desde 2011 la presión sancionadora ha descendido 10 puntos en las capitales españolas.

Las multas más comunes: exceso de velocidad (44%), estacionamiento regulado (27%), el estacionamiento indebido (13%) y, a más distancia, no respetar la señalización (5%).

Por ayuntamientos, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, son las capitales que más multan, y Cáceres, Badajoz y Jaén, las que menos.

Las sanciones generan tensión: casi 607.500 conductores madrileños han presenciado agresiones o insultos a los trabajadores del estacionamiento regulado y 32.000 admiten haberlos protagonizado.

El tópico no es nuevo. Frases como “los Ayuntamientos sólo piensan en recaudar”, “van a cazar al conductor” o “utilizan las multas para cuadrar sus cuentas” las hemos oído muchas veces. Pero, ¿hay algo de cierto en ellas? ¿Funcionan las multas de tráfico como la “caja registradora” de los Ayuntamientos, o es sólo una leyenda negra inventada por los conductores cuando somos sancionados?

A priori, la respuesta puede parecer sencilla, ya que, según las cifras, los Ayuntamientos españoles multan hasta cinco veces más que la DGT. De hecho, la Administración central aporta solamente el 14% de las sanciones de todo el territorio nacional, mientras que los Ayuntamientos suponen más del 76%.

Sin embargo, conviene no precipitarse en las conclusiones, porque hay matices importantes. Pese a la creencia general, el 70% de las multas de tráfico impuestas por los Ayuntamientos españoles están directamente relacionadas con la Seguridad Vial y tan sólo el 30%, con la movilidad o el aparcamiento, lo que destierra el mito de que las multas se imponen fundamentalmente por razones recaudatorias. Además, los datos de accidentalidad no acompañan a los conductores: desde 2011, el número de accidentes con víctimas en las zonas urbanas se ha incrementado un 20% y el número de fallecidos sólo ha descendido un 3,5% en las ciudades frente al 22% registrado en las carreteras.

Por otro lado, la presión sancionadora ha perdido 10 puntos entre los años 2011 y 2014, debido, en gran medida, a una importante reducción en el número de desplazamientos. O dicho de otra forma: cuanto peor es el entorno económico, menos desplazamientos en coche se producen y, por tanto, hay menos riesgo de sufrir una multa.

Pero, independientemente de su evolución… ¿Cambian las multas nuestra forma de conducir? Pues a tenor de los datos, la respuesta es no. De hecho, casi el 60% de los conductores (56% en Madrid) admite sobrepasar los límites de velocidad de forma habitual, principalmente en vías de circunvalación y travesías urbanas. No es de extrañar, por tanto, que más de 4 millones de conductores (655.000 de ellos madrileños) reconozcan haber sido multados por su Ayuntamiento hasta 5 veces en los últimos 5 años.

Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Multas, ¿recaudación o reeducación? Sanciones de tráfico en los Ayuntamientos españoles (2011-2014)”, presentado hoy por la Fundación Línea Directa. El estudio, que analiza en profundidad más de 675.000 multas de tráfico impuestas por las diferentes Administraciones Públicas entre los años 2011 y 2014, se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores de toda la geografía nacional que recoge la percepción de los españoles sobre este tipo de sanciones.

Madrid, la capital donde más se multa

La Fundación Línea Directa ha elaborado un ranking con los consistorios que más multan. Para ello, ha establecido un criterio de proporcionalidad entre el número de sanciones impuestas en cada capital de provincia y los conductores que la compañía Línea Directa tiene en cada ciudad.

El resultado arroja aspectos sorprendentes, ya que aunque las dos capitales donde más se multa son Madrid y Barcelona, respectivamente, ciudades como Palma de Mallorca o Granada aparecen a continuación. En el lado contrario se sitúan Cáceres, Badajoz y Jaén, donde las multas de tráfico son la excepción.

También se percibe una importante diferencia entre las capitales de provincia y el resto de municipios, ya que, en proporción, las primeras sancionan hasta 6 veces más que los segundos. ¿Las razones? Las aglomeraciones, el número de desplazamientos y la forma de conducción, muy condicionada al ritmo de vida. Además, también concurren otros factores de gran importancia muy ligados a las características específicas de cada ciudad, como su urbanismo, su densidad de población o su carácter turístico, que, habitualmente, pueden atraer vehículos de otros lugares.

En cuanto a la tipología, las multas más habituales en las capitales son las de exceso de velocidad (44%), seguidas por el estacionamiento regulado (27%) y el estacionamiento indebido (13%), que afecta a cruces, zonas peatonales o doble fila, entre otros. A más distancia aparece, no respetar la señalización (5%), que incluyen infracciones como saltarse semáforos, la señalización vertical y horizontal o no seguir las indicaciones de los agentes de circulación. También es destacable el número de sanciones por no notificar la identidad del conductor en caso de pérdida de puntos (4,5%), una sanción bastante desconocida que puede triplicar el importe inicial de la multa.

¿Qué opinan los conductores españoles?

Los conductores españoles siguen siendo muy críticos con los Ayuntamientos: casi el 90% (un 87% en el caso de los madrileños) atribuye carácter recaudatorio a las multas y el 60%  (un 52% en Madrid) piensa que los radares de las ciudades y sus circunvalaciones persiguen obtener cuanto más dinero, mejor. A pesar de ello, la realidad es otra, ya que el número de las sanciones de tráfico impuestas por las autoridades municipales en los últimos años ha descendido notablemente.

En cualquier caso, la percepción de los conductores no cambia tras las elecciones municipales de 2015, ya que el 72% cree que los nuevos consistorios lo están haciendo igual que los anteriores, un porcentaje que baja hasta el 65% en el caso de los madrileños, y un 17% piensa que lo están haciendo incluso peor, una cifra ligeramente superior en Madrid (18%).

En cuanto a la actitud de los conductores sancionados, las multas menos aceptadas son las de aparcamiento. De hecho, el 60% de los españoles cree que la única función de los trabajadores del estacionamiento regulado es sancionar, porcentaje que baja hasta el 56% en el caso de Madrid. El dato no es anecdótico: 5 millones de conductores (607.500 de ellos madrileños) han presenciado incidentes con este colectivo y unos 780.000 (32.000 en Madrid) reconocen haberlos protagonizado.

Los cuerpos policiales salen mucho mejor parados, ya que alrededor del 75% de los conductores valoran positivamente su labor, un porcentaje que sube hasta el  77% en el caso de los madrileños. Aunque el 65% de los conductores a nivel nacional señala como aspectos a mejorar su actitud y su presunta orientación a la recaudación, cifra que sube hasta el 68% en Madrid.

Otro aspecto a destacar es la opinión de los conductores españoles sobre los recursos a las multas, ya que el 73% piensa que no hay posibilidades reales de ganarlos. Pero no todo son críticas, también hay propuestas: el 85% de los conductores a nivel nacional, en línea con el porcentaje de Madrid, desearía que los recursos a las multas fuesen revisados por una instancia independiente a la propia Administración, ya que garantizaría la imparcialidad y la objetividad del fallo. Otra conclusión llamativa de la encuesta es la falta de conocimiento de los españoles sobre el destino de las multas: 22,3 millones de conductores (2,8 millones de ellos madrileños) aseguran desconocer en qué se emplea el dinero de las sanciones de tráfico de sus Ayuntamientos.

En cuanto al perfil del sancionado, las multas suelen imponerse más a los hombres con experiencia, de entre 35 y 44 años y reincidentes. En lado opuesto, se sitúan las mujeres conductoras, que además de ser menos multadas que los hombres, son también mucho menos reincidentes. Por último, sorprende el buen resultado de los jóvenes de entre 18 y 24 años, mucho menos sancionados que los conductores de edad más madura.

Ficha metodológica

Para la realización de este informe se han estudiado los datos de 675.000 multas detectadas y aportadas en estadísticas agregadas por la aseguradora Línea Directa entre 2011 y 2014 impuestas por las diferentes Administraciones españolas. Para dibujar el mapa sancionador se han registrado todas las sanciones de tráfico contabilizadas por la aseguradora Línea Directa y se han cruzado con el total de conductores expuestos a la cobertura de Gestión de Multas de cada capital de provincia, excluyendo las de aparcamiento. Para la elaboración del sondeo de opinión se ha realizado una encuesta online a 1.700 conductores españoles (mayores de 18 años) con carné de conducir y seguro de automóvil. La encuesta  arroja un error muestral de +/- 2,8%. Los resultados globales están ponderados según muestra proporcional de las pólizas de seguros por comunidad autónoma, así como por sexo y edad.