Esta cantidad es el 6% del
coste del sistema de transporte, cifrado en 5.000 millones de euros, y
provendría de una mejor gestión de las inversiones y de los flujos de fondos
que permiten el funcionamiento del sistema, según la estimación de la Asociación
de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, ATUC. De hecho,
este dinero se reintegraría en el propio sistema para ofrecer un mejor
servicio.
Además, la ausencia de un marco
legal es más acuciante cuando se constata que España es el único país de la
Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público,
lo que provoca que no haya una ordenación racional de recursos. Esto significa
que no está establecido que parte de los costes deben soportar los usuarios,
las corporaciones locales, las comunidades autónomas y la administración
estatal, que son los cuatro actores sobre los que se sostiene el sistema pero
sin existir una norma que establezca qué peso debe asumir cada uno de ellos.
Imprevisibilidad
Otro de los problemas derivados
de no disponer de ley de financiación del transporte público es la
imprevisibilidad. Y es que, en el actual sistema, los ayuntamientos desconocen
las cifras que el Estado va a reflejar hasta finales de año, cuando los
presupuestos municipales tienen que estar elaborados con antelación. Por ello,
la clave está en una planificación a medio y largo plazo para que las empresas
sepan con antelación con qué financiación cuenta el sistema.
Despilfarros
Por otro lado, si bien las
competencias en materia de transporte público están transferidas a las
comunidades autónomas, actualmente no existe en España un marco legal común que
emane desde el Estado. Esto provoca que, entre otros problemas, se hayan
producido grandes despilfarros con infraestructuras ahora en desuso o que
generan un coste de mantenimiento muy superior frente al beneficio que
reportan, como el tranvía de Vélez Málaga, cuyos vagones están a 17.000
kilómetros de su destino inicialmente pensado, en Australia.
Cómo repartir de manera eficiente
A pesar de que España no cuenta
con una legislación sobre financiación del transporte público, algunas
comunidades autónomas como Cataluña sí han hecho los deberes y han desarrollado
una ley ad hoc que incorpora puntos fácilmente extrapolables a una norma
estatal y que incide en un sistema más eficiente.
En concreto, en la ley catalana
se diferencia claramente entre los gastos y las inversiones del sistema. Sobre
el primero, la legislación no solo identifica los costes, sino que también
determina las obligaciones de cada administración. En cuanto a inversiones, se
establece que de cara a su financiación se debe incluir una evaluación
económica, social y ambiental desde la construcción hasta el final de la vida
útil del proyecto.
Otros puntos de interés de la
ley catalana fácilmente asumible por la nacional son el fomento de la
intermodalidad y la integración tarifaria, así como la fijación de la
fiscalidad específica para la financiación del sistema.
Además, fuera de España, la
legislación italiana es otro espejo en el que mirarse especialmente en el
ámbito administrativo, pues tiene transferidas las competencias en materia de
transporte a las regiones, con una legislación que recoge cómo se destinan los
recursos a éstas y también en última instancia a los municipios, un ejemplo muy
válido para España por la similitud de ambos mapas administrativos.
Otros mecanismos de
financiación
Por otra parte, además de la
parte administrativa, también hay ejemplos en otros países desarrollados de
nuestro entorno sobre mecanismos de financiación que pueden ayudar a lograr más
recursos y cuya implantación podía estudiarse en España.
Es el caso de Francia y el
llamado “Versement Transport”, un sistema de tasa directa de la que se hacen
cargo empresas privadas con plantillas a partir de nueve empleados y situadas
en localidades de al menos 10.000 habitantes. Este mecanismo cubre más de una
tercera parte de la financiación total del sistema de transporte público
francés.
Igualmente, Alemania tiene
establecido un impuesto, llamado “Mineralösteuer”, un céntimo “verde” que grava
el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público, y
que responde a la máxima europea de
“quien contamina, paga”.
Según Jesús Herrero, secretario
general de ATUC, “no se trata de gastar menos, sino de gastar mejor, y para
ello es imprescindible una ley de financiación del transporte público que
permita asignar recursos con cabeza. Una ley permitirá mejoras en los
servicios, ya que habrá una gestión más eficaz de los recursos y, por tanto,
tener un servicio de transporte de mayor calidad. Esto es clave en la sociedad,
no en vano es tras la educación, la sanidad y las políticas sociales, el
transporte es el cuarto pilar del estado del bienestar”.
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