La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer que
este tribunal investigue las querellas presentadas por Manos Limpias, una
asociación de afectados y el colectivo el Defensor del Paciente en las que se
denuncia el presunto falseamiento de los datos de emisiones de Volkswagen al
apreciar delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude de subvenciones y
también contra el medio ambiente.
En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, el
fiscal explicó que el trucaje de los motores diésel pudo afectar a varios
territorios, lo que justifica la competencia de la Audiencia Nacional, y que
las emisiones lanzadas por mismos pueden «haber causado daños sustanciales a la
calidad del aire», subrayó.
Teniendo en cuenta que el uso de motores sensibles con
el mediambiente es objeto de subvención estatal, explicó el Ministerio, «el
engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario
público».
El fiscal Marcelo de Azcárraga demandó que el
magistrado requiera al grupo Volkswagen la relación de todos los vehículos
afectados en España, que la compañía ya cifró 683.626, de los cuales 221.783
corresponden a Seat, así como los comunicados que ha enviado al respecto y el
organigrama en el país especificando el personal y las funciones de cada uno.
Además, subrayó que la corporación, que deberá nombrar
abogado y procurador y designar a un representante para que comparezca en su
nombre, identifique a la empresa a la que se encargó el software manipulado.
En este contexto, la Justicia también requirió que el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente aporten a este caso toda la información que haya
reunido sobre el asunto, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental
Estadounidense (EPA) y otras pruebas periciales, así como los informes que le
haya aportado la sociedad y el montante de las ayudas estatales que se hayan
podido otorgar para la adquisición de los coches que fueron trucados.
Según se expuso en la denuncia, para resolver el «reto
técnico» de fabricar un motor que consuma poco y mantenga gran potencia, sin
desprender gases por encima del límite, Volkswagen introdujo un software
ilícito a sus motores diésel 2.0 TDI, de la familia EA 189.
Se trata de un programa que es capaz de detectar
cuándo el vehículo está siendo testado para reducir sus emisiones
contaminantes, de forma que se adapten a los parámetros exigidos por la
normativa legal medioambiental.
Sin embargo, ya fuera del banco de pruebas y en
condiciones de funcionamiento normal, se demostró que los coches analizados
objetivamente emitían gases muy por encima de los límites permitidos, incluso
de 40 veces más, un extremo que en la realidad les inhabilitaría para circular.
La denuncia detalló explícitamente como la
comprobación de los análisis efectuados reveló que «la explicación a dicha
manipulación radica en que para lograr un menor consumo de combustible es necesario
obtener la mayor eficiencia energética del mismo, para lo cual se ha de someter
la combustión a altas temperaturas, lo que genera, sin embargo, la producción
de gases altamente contaminantes (óxido de nitrógeno)», remarcó el informe.
RESPONSABILIDAD. El fiscal recordó que el grupo
Volkswagen «emitió varios comunicados de prensa en el mes de septiembre en los
que la dirección reconoció los hechos y la adopción de medidas inmediatas» para
dar solución a un problema que, inicialmente, se calculó que afectaba a 11
millones de vehículos en todo el mundo, principalmente en Europa y Estados
Unidos, a los que el grupo alemán dará una respuesta, en forma de reparación, a
partir del próximo mes de enero que es cuando se ha comprometido a corregir
todas las irregularidades.
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