La Comisión
Europea ha autorizado una ayuda pública de 33 millones de euros para
la instalación y explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en
Países Bajos, al concluir que este apoyo contribuirá al desarrollo de
transportes alternativos y sostenibles sin dañar la competencia en el mercado
único.
La comisaria
de Competencia, Margrethe Vestager, ha destacado el papel de este tipo de
vehículos en la lucha para reducir las emisiones de gases contaminantes y
también para reducir los ruidos y la contaminación en las ciudades.
Por ello, ha
aplaudido que el régimen de ayudas holandés que ha aprobado Bruselas permita el
desarrollo de las infraestructura necesarias para que el sector avance,
"controlando los costes y de acuerdo a las normas de la UE".
El Gobierno central puede contribuir en la
financiación, a cambio de que las autoridades locales atraigan inversión
privada al proyecto.
Se trata de
un programa de tres años que concluirá en julio de 2018 y en el que el
Ejecutivo comunitario ve un objetivo "claramente medioambiental", que
"limita las distorsiones de la competencia".
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