lunes, 1 de diciembre de 2014

CASI 6,5 MILLONES DE CONDUCTORES, SIN CENTROS PARA RECUPERAR PUNTOS


El monopolio estuvo a punto de ser liquidado, pero en el último momento la enmienda a la Ley de Tráfico que hubiera corregido esta situación se retiró sin ninguna motivación pública. La consecuencia es que el monopolio sobre los cursos de formación para los conductores que pierden los puntos de su carné de conducir sigue vivo. Una situación que provoca que casi 6,5 millones de españoles que viven en poblaciones de más de 20.000 habitantes no tengan en sus localidades centros de recuperación de puntos.


En España únicamente existen 240 centros donde los conductores que pierden los puntos del carné pueden realizar cursos para recuperarlos. Eso en un país en el que conducir sin puntos en el carné es un delito, además de que las aseguradoras quedan exentas de responsabilidad ante cualquier accidente aunque se esté al corriente de pago.
El sistema del carné de conducir de puntos se puso en marcha hace ocho años y se mantiene vigente sin que haya sido cuestionado. A través de la Ley de Seguridad Vial se regularizó el sistema para impartir los cursos de recuperación de puntos para aquellos que los perdían tras cometer infracciones.
Se hizo durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando al frente de la Dirección General de Tráfico (DGT) estaba Pere Navarro, y el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido el sistema intacto.
El modelo está basado en una «concesión administrativa» mediante concurso oposición, de tal manera que Tráfico no tiene un control directo sobre los cursos, sino que lo cede al adjudicatario, para lo que se seleccionó a la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE), en un contrato con cinco años de duración.
De esta manera, es la Confederación la que tiene potestad para decidir qué autoescuelas pueden realizar estos cursos. Y el límite que se impuso cuando se puso en marcha este sistema fue de 240 centros. Así, por ejemplo en Madrid capital, con más de tres millones de habitantes, solo están facultadas nueve autoescuelas para impartir los cursos de recuperación de puntos del carné.
El proyecto de reforma legal paralizado en el último momento contemplaba modificar este sistema. El asunto se discutió a fondo durante la última reforma de la Ley de Seguridad Vial y se acordó, aunque fuese de manera informal -a través de los «discursos» de defensa de las distintas posiciones-, avanzar de manera consensuada en la mejora -dentro del actual marco legal- del sistema de concesión administrativa.

Se trata de un negocio que empieza a mover cifras importantes. Durante los primeros años eran pocos los cursos que se impartían, algo lógico, según explican fuentes del sector, ya que muy pocos conductores habían perdido todos o casi todos los puntos. Pero con el paso de los años esa situación ha ido afectando a cada vez más persona. Así, en 2008 fueron más de 18.000 los alumnos realizaron estos cursos, lo que supuso 4,16 millones de euros de facturación total. En 2010, la cifra de alumnos se disparó ya hasta los más de 62.000 y la facturación superó los 17,32 millones.
En España sólo hay 10 municipios con al menos dos centros, lo que significa que cada uno cubre un ratio de población de 398.772 habitantes. Hay nueve municipios con más de 200.000 habitantes que solo tienen un centro. En todo el territorio nacional sólo hay 61 municipios con menos de 20.000 habitantes que tengan un lugar donde realizar el curso, de un total de 900 localidades. En estas estadísticas están fuera Cataluña y el País Vasco.
El periodo de concesión a CNAE finaliza en 2014. Pero desde la Dirección General de Tráfico se decidió alargarlo hasta 2015. Según explicó a este periódico la Asociación Audica, representada por el bufete Cremades Calvo Sotelo, la situación actual es que, en junio de 2014, la DGT amplió hasta el 15 de junio de 2015 la prórroga del contrato a CNAE, un año más de lo estipulado en el contrato inicial, que autorizaba una prórroga de tres años que expiró en junio de 2014.
La intención del Grupo Parlamentario Popular de corregir esta situación era clara. Así rezaba su enmienda: «En la actualidad, los centros que imparten los cursos de sensibilización y reeducación vial se gestionan en régimen de concesión, lo que supone una restricción a la libre competencia al limitar el número de centros que, aun estando capacitados, pueden impartir cursos. Por este motivo se ha considerado oportuno pasar del actual régimen de concesión a un régimen de autorización previa», apuntaba la enmienda, retirada en el último minuto. La filosofía era clara: si hay más de 9.000 autoescuelas en España con capacidad para preparar y examinar a los conductores, ¿por qué no pueden estar, previo visto bueno de la Administración y bajo su control, preparadas para dar cursos de recuperación de puntos?


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