El monopolio estuvo a punto
de ser liquidado, pero en el último momento la enmienda a la Ley de Tráfico que
hubiera corregido esta situación se retiró sin ninguna motivación pública. La
consecuencia es que el monopolio sobre los cursos de formación para los
conductores que pierden los puntos de su carné de conducir sigue vivo. Una
situación que provoca que casi 6,5 millones de españoles que viven en poblaciones
de más de 20.000 habitantes no tengan en sus localidades centros de
recuperación de puntos.
En España únicamente existen
240 centros donde los conductores que pierden los puntos del carné pueden
realizar cursos para recuperarlos. Eso en un país en el que conducir sin puntos
en el carné es un delito, además de que las aseguradoras quedan exentas de
responsabilidad ante cualquier accidente aunque se esté al corriente de pago.
El sistema del carné de
conducir de puntos se puso en marcha hace ocho años y se mantiene vigente sin
que haya sido cuestionado. A través de la Ley de Seguridad Vial se regularizó
el sistema para impartir los cursos de recuperación de puntos para aquellos que
los perdían tras cometer infracciones.
Se hizo durante el Gobierno
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando al frente de la Dirección
General de Tráfico (DGT) estaba Pere Navarro, y el Ejecutivo de Mariano Rajoy
ha mantenido el sistema intacto.
El modelo está basado en una
«concesión administrativa» mediante concurso oposición, de tal manera que
Tráfico no tiene un control directo sobre los cursos, sino que lo cede al
adjudicatario, para lo que se seleccionó a la Confederación Nacional de
Autoescuelas de España (CNAE), en un contrato con cinco años de duración.
De esta manera, es la Confederación
la que tiene potestad para decidir qué autoescuelas pueden realizar estos
cursos. Y el límite que se impuso cuando se puso en marcha este sistema fue de
240 centros. Así, por ejemplo en Madrid capital, con más de tres millones de
habitantes, solo están facultadas nueve autoescuelas para impartir los cursos
de recuperación de puntos del carné.
El proyecto de reforma legal
paralizado en el último momento contemplaba modificar este sistema. El asunto
se discutió a fondo durante la última reforma de la Ley de Seguridad Vial y se
acordó, aunque fuese de manera informal -a través de los «discursos» de defensa
de las distintas posiciones-, avanzar de manera consensuada en la mejora
-dentro del actual marco legal- del sistema de concesión administrativa.
Se trata de un negocio que
empieza a mover cifras importantes. Durante los primeros años eran pocos los
cursos que se impartían, algo lógico, según explican fuentes del sector, ya que
muy pocos conductores habían perdido todos o casi todos los puntos. Pero con el
paso de los años esa situación ha ido afectando a cada vez más persona. Así, en
2008 fueron más de 18.000 los alumnos
En España sólo hay 10
municipios con al menos dos centros, lo que significa que cada uno cubre un ratio
de población de 398.772 habitantes. Hay nueve municipios con más de 200.000
habitantes que solo tienen un centro. En todo el territorio nacional sólo hay
61 municipios con menos de 20.000 habitantes que tengan un lugar donde realizar
el curso, de un total de 900 localidades. En estas estadísticas están fuera
Cataluña y el País Vasco.
El periodo de concesión a
CNAE finaliza en 2014. Pero desde la Dirección General de Tráfico se decidió
alargarlo hasta 2015. Según explicó a este periódico la Asociación Audica,
representada por el bufete Cremades Calvo Sotelo, la situación actual es que,
en junio de 2014, la DGT amplió hasta el 15 de junio de 2015 la prórroga del
contrato a CNAE, un año más de lo estipulado en el contrato inicial, que
autorizaba una prórroga de tres años que expiró en junio de 2014.
La intención del Grupo
Parlamentario Popular de corregir esta situación era clara. Así rezaba su enmienda:
«En la actualidad, los centros que imparten los cursos de sensibilización y
reeducación vial se gestionan en régimen de concesión, lo que supone una
restricción a la libre competencia al limitar el número de centros que, aun
estando capacitados, pueden impartir cursos. Por este motivo se ha considerado
oportuno pasar del actual régimen de concesión a un régimen de autorización
previa», apuntaba la enmienda, retirada en el último minuto. La filosofía era
clara: si hay más de 9.000 autoescuelas en España con capacidad para preparar y
examinar a los conductores, ¿por qué no pueden estar, previo visto bueno de la
Administración y bajo su control, preparadas para dar cursos de recuperación de
puntos?
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