Hasta la fecha, existía un cierto desbarajuste normativo
en lo que se refiere a la forma de conceder las tarjetas que permiten hacer uso
de las zonas reservadas a personas con discapacidad. Básicamente sucedió que la
ley permitía a las Comunidades Autónomas emitir las tarjetas y a los
Ayuntamientos regular su uso, pero sin un marco común.
