El número de usuarios y los
compromisos medioambientales también condicionarían la dotación presupuestaria
ATUC propone crear un Fondo
Estatal para la Movilidad Urbana Sostenible con el fin de evitar la
instrumentalización política de las ayudas
El transporte urbano y metropolitano pide indexar los fondos que se conceden cada año para su financiación, entre otras variables, al crecimiento del PIB durante el ejercicio precedente, lo que se hubiera traducido para 2019 en un incremento de la dotación presupuestaria superior al 2,5%. En concreto, esta propuesta se incluye dentro del borrador de la Ley de Financiación del Transporte Público, en torno al que esta mañana han debatido PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en una jornada organizada por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC).
Este criterio vinculado al
crecimiento económico forma parte de la fórmula de financiación propuesta por
la patronal y que condiciona los fondos destinados a financiar el transporte
público también al número de usuarios, que casualmente el año pasado crecieron
igual que la economía, según las estimaciones de ATUC, mientras que las
subvenciones permanecieron congeladas.
El tercero de los factores de
los que dependería la cuantía presupuestada para financiar el transporte
público lo marcarían las exigencias medioambientales para cumplir con los
objetivos comunitarios. Y en este contexto, las restricciones al tráfico
privado en casi 150 centros urbanos -tal y como recoge el anteproyecto de ley
contra el Cambio Climático- aumentarán los costes operativos si se quiere
mantener la calidad del servicio prestado, por lo que los operadores necesitan
saber con suficiente antelación los recursos con los que contarán para acometer
sus inversiones a medio y largo plazo.
Un nuevo modelo de reparto
La Ley de Financiación del
transporte público, que deberá aprobarse durante el primer trimestre del año,
recoge como propuesta estrella la creación de un Fondo Estatal para la
Movilidad Urbana Sostenible, que sustituiría paulatinamente al actual mecanismo
de financiación, basado en las subvenciones del Estado y en los
contratos-programa, evitando la instrumentalización política de los fondos y
garantizando un reparto equitativo y, sobre todo, previsible de las ayudas para
reforzar el sistema.
ATUC sostiene que este Fondo
Estatal estaría dotado con la aportación que anualmente establezcan los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) y coordinado por una Comisión Gestora,
un órgano colegiado adscrito a la Administración General del Estado que
permitiría una mayor integración entre las distintas modalidades de transporte
público e incrementaría la eficacia a la hora de asignar responsabilidades y
competencias.
De hecho, su representación
recaería en cinco vocales de la Administración General del Estado -dos serían
designados por el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, dos por el
Ministerio de Fomento y uno por el Ministerio para la Transición Ecológica-,
tres representantes elegidos por la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), y dos vocales en representación, respectivamente, de los
consorcios ya existentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona,
siempre y cuando decidieran adherirse al régimen general de financiación
establecido en esta Ley y dejaran de financiarse mediante los llamados
contratos-programa, también en vigor en Canarias y Valencia.
Según Miguel Ruiz, presidente
de ATUC, “este Fondo dotaría al sistema de la previsibilidad de la que carece
en la actualidad. Los operadores sabrían con antelación los recursos con los
que contar a la hora de realizar inversiones, lo que en última instancia
revertiría en una mejor calidad del servicio ofrecido a los usuarios, en más
competitividad de nuestras empresas y en una mayor creación de riqueza en
nuestras ciudades”.
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