Acompañan al Director en la clausura Alfonso Gil Invernón,
Presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial
de la FEMP y Natalia Chueca Muñoz, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza.
El evento concluye con la Declaración del Encuentro de Ciudades
y con el anuncio de que Valladolid pueda convertirse en la próxima sede del VII
Encuentro de Ciudades.
El
director general de Tráfico, Pere Navarro, ha clausurado en Zaragoza la VI
edición del Encuentro de ciudades, una edición que ha congregado de forma
presencial durante dos días a más de 250 expertos en movilidad urbana y a otro
centenar de personas que lo han seguido a través del canal de la web del
organismo.
Pere Navarro ha destacado que
estos Encuentros son una oportunidad única para el intercambio de experiencias
y buenas prácticas entre ayuntamientos y la labor de la Dirección General es la
de escuchar y aprender para luego ir de la mano con los ayuntamientos y poder
responder con soluciones normativas y técnicas rápidas a los cambios que se
están produciendo en las ciudades.
“El modelo de movilidad está
cambiando y las ciudades se juegan su futuro en la movilidad; aquellas que lo
resuelvan bien serán ciudades competitivas y seguras. La tarea no es sencilla,
porque los retos a los que se enfrentan son importantes, pero encuentros como
el que hoy clausuro demuestran que las autoridades municipales están
comprometidas en transformar las ciudades y hacerlas más humana” ha señalado el
Director General.
Durante los dos días de
ponencias, se han abordado temas como las estrategias de movilidad y seguridad
vial a seguir, las Ciudades 30 como calles seguras, sostenibles, saludables y
habitables, las zonas de bajas emisiones, la distribución urbana de mercancías,
la seguridad de los usuarios vulnerables, la vigilancia de los comportamientos
de riesgo y la comunicación en esta nueva movilidad urbana.
El encuentro ha finalizado con
la lectura de la Declaración del VI Encuentro de ciudades cuyo pilar es la necesidad de integrar la seguridad vial en
las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de esa la movilidad
sostenible y de la accesibilidad universal valores fundamentales en la
planificación y gestión de nuestras ciudades.
A continuación se reproduce la
Declaración aprobada en dicho Encuentro:
1. Manifestar que toda muerte y lesión grave en accidente de
tráfico es prevenible e inaceptable, y que la actuación de todas las
administraciones, organizaciones, empresas y profesionales con influencia sobre
las condiciones de seguridad de nuestros desplazamientos debe regirse por este
imperativo ético, haciendo nuestros los principios del sistema seguro;
2. Suscribir los principios del denominado enfoque de sistema
seguro, impulsado por los principales organismos internacionales, de acuerdo
con los cuales el sistema de movilidad debe ser diseñado teniendo en cuenta las
limitaciones humanas;
3. Reafirmar nuestro compromiso con la mejora de la seguridad vial,
suscribir el objetivo de reducir el número de muertes y lesiones graves en un
50% en la década 2021-2030 y solicitar al Gobierno la aprobación de una
Estrategia de Seguridad Vial que no solamente tenga en cuenta este objetivo,
sino que además aspire a eliminar las diferencias entre las ciudades y el
ámbito interurbano, en términos de reducción de la siniestralidad. Al mismo
tiempo, animar a todas las administraciones, organizaciones y empresas a
adoptar, en sus ámbitos de actuación, planes, estrategias y objetivos alineados
con esta aspiración;
4. Solicitar al Gobierno que asegure una adecuada coordinación
entre las diferentes estrategias y políticas vinculadas a los ámbitos de la
movilidad, la seguridad vial, el medio ambiente o la salud pública; así como a
garantizar en todo momento una adecuada gobernanza con las entidades locales;
5. Impulsar procedimientos efectivos que permitan un mejor
conocimiento sobre los datos de accidentes, movilidad e indicadores de
seguridad (como velocidad, cinturón, casco y alcohol), que permitan realizar
una adecuada y eficaz gestión basada en riesgos. Para poder tomar las mejores
decisiones, es conveniente conocer bien cuales son, de la manera más objetiva
posible, los problemas derivados de la seguridad vial y sus causas. Por ello,
se deberían identificar los indicadores estadísticos que permitan analizar la
evolución de la seguridad en cada ciudad (e incluso en cada ámbito o uso de las
vías urbanas), evaluar la efectividad de políticas y realizar comparaciones
entre ciudades;
6. Instar a todos los municipios a desarrollar Planes de Movilidad
Urbana Sostenibles y Ordenanzas de Movilidad con integración plena de la
seguridad vial como elemento esencial de la planificación urbanística, y
basados en una pirámide de prioridades en cuya cúspide figuren los peatones,
los ciclistas y el transporte público, como principales colectivos vulnerables
a proteger y fomentar;
7. Instar igualmente a todas las administraciones públicas,
organizaciones y empresas a elaborar y ejecutar planes de movilidad para los
desplazamientos in itinere y en misión de sus trabajadores, así como a
establecer la seguridad vial como una prioridad en toda la cadena de valor de
sus actividades, requiriendo, para sí mismas y sus eventuales contratistas,
exigencias de seguridad relativas a las características de las flotas de
vehículos y sus condiciones de utilización y mantenimiento;
8. Implicar a la sociedad civil en la toma de decisiones,
fomentando la participación y el debate ciudadano sobre los aspectos
relacionados con la movilidad local y la seguridad vial, a través de los
órganos de consulta (como consejos y mesas de diálogo), con el fin de crear una
clara conciencia sobre los riesgos viales y fomentar un sentido de
responsabilidad y respeto hacia las normas de tráfico que garantice la
convivencia segura en nuestras carreteras y calles;
9. Reconocer la necesidad de regular y contar con un diseño urbano
adecuado que permita realizar el reparto de mercancías en ámbitos urbanos de
forma racional y satisfactoria, actividad que ha venido experimentando un
notable crecimiento en los últimos años;
10. Reconocer el principio de accesibilidad universal como un
principio fundamental que debe inspirar la actuación de todas las
administraciones públicas, con el fin de disponer de itinerarios peatonales
continuos, accesibles y seguros para todas las personas, con una especial
consideración a los niños, las personas de edad avanzada y las personas con
movilidad reducida;
11. Reafirmar el papel fundamental de la velocidad como parámetro
decisivo del riesgo de lesión mortal o grave en caso de accidente, y como
elemento fundamental de una convivencia segura entre modos de transporte. Al
mismo tiempo, exhortar a todas las administraciones competentes a adoptar
aquellas medidas y actuaciones que favorezcan el calmado del tráfico, combinado
la gestión del tráfico con un diseño viario adecuado;
12. Reconocer la importante labor que realizan los municipios en la
educación y formación vial de sus ciudadanos. Fomentar, igualmente, la educación desde todos los ámbitos posibles
de nuestra sociedad (familia, escuela, empresas y, en general, desde todas aquellas
instancias que estén capacitadas para transmitir los valores de la movilidad
sostenible y segura;
13. Destacar la importancia de la vigilancia y control de los
comportamientos de riesgo en la mejora de la seguridad vial, manifestando la
necesidad de reforzar los recursos disponibles y la capacitación de los
policías locales y agentes de movilidad en esta materia;
14. Exhortar a todos los poderes públicos a mejorar la atención y la
información a las víctimas de los accidentes de tráfico y a sus familiares,
orientándolos sobre los recursos y servicios que las instituciones ponen a su
disposición, y a reconocer que una respuesta efectiva después del accidente
también incluye una adecuada reinserción social y laboral, así como un apoyo
psicológico-mental, social y legal adecuado y suficiente;
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