Las autoescuelas proponen al
Gobierno una dotación de 10 millones de euros para evitar el colapso del
sistema de exámenes de conducir
La dotación presupuestaria
propuesta generaría una facturación de 50 millones de euros
La DGT obtuvo en 2016 un
beneficio neto por los exámenes del carné de conducir en torno a los 73
millones de euros
La
Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) propone al Gobierno una dotación
presupuestaria de 10 millones de euros para solucionar el grave problema que
los retrasos acumulados en los exámenes de conducir están generando, en un
sector y un sistema que este mismo verano puede llegar al colapso con el riesgo
cierto de cierre para numerosas empresas y el despido de millares de
profesores.
Los principales perjudicados
por esta situación, no obstante, son los aspirantes al permiso de conducir, que
aprovechan el verano y las vacaciones para la obtención de la licencia, que no
podrán conseguir porque a los retrasos actuales habrá que añadir los que se generarán
por las vacaciones de los examinadores y, consecuentemente, un menor número de
funcionarios.
La CNAE recuerda que para
acceder a numerosos empleos, opositar a las plazas de empleo público o
promociones, es necesario el carné de conducir, por el que los aspirantes deben
pagar una tasa de 90,30 euros en concepto de examen, de modo que éste es un
servicio público no gratuito prestado por la Dirección General de Tráfico.
La propuesta de la CNAE es
perfectamente viable, además de presupuestariamente justificable ante la Unión
Europea, ya que esa dotación de 10 millones de euros solucionaría
definitivamente el déficit de examinadores que ha llevado a esta situación, y
generaría una potencial facturación de 50 millones de euros. Este cálculo se
realiza teniendo en cuenta los 114,5 millones de euros facturados en 2016 por
la Dirección General de Tráfico (DGT) en concepto de tasas de examen.
Esos 10 millones de euros
servirían para contratar 324 examinadores más. Este es, según los análisis de
la CNAE, el número óptimo para la solución definitiva del problema, que se ha
de sumar a los 756 examinadores actuales, según los datos de la DGT, aunque la
Confederación discrepa de este número porque no es el realmente operativo tras
descontar vacaciones y bajas por enfermedad, de modo que son 610 los
examinadores realmente activos.
Los estudios de la CNAE
establecen que el mínimo necesario para desbloquear la situación, aunque no
remedia el problema totalmente, es de 213 examinadores más, lo que supondría
una dotación presupuestaria estimada en 6,5 millones de euros, lo que generaría
una potencial facturación de 32 millones más.
El número óptimo de nuevos
examinadores (324), generaría una capacidad de 900.000 exámenes, mientras que
el mínimo para salir de la actual situación llevaría a un incremento de casi
600.000 nuevos exámenes. Cada funcionario tiene una capacidad de 2.795 exámenes
anuales.
Según los cálculos de la CNAE,
el examinador de la DGT es un funcionario muy rentable para el Estado, al
generar un elevado volumen de ingresos frente a una reducida cuantía
presupuestaria en concepto de salarios, al igual que una también mínima
cantidad para los gastos operativos.
La actual plantilla de
examinadores generaba en 2016 para la DGT una facturación de 114,5 millones de
euros (109,7 millones en 2015), con un gasto estimado en salarios de 24
millones de euros, y unos gastos operativos de alrededor de 17 millones de
euros, aproximadamente un 15% de lo ingresado. La recaudación casi triplica los
41 millones del coste total del servicio.
Descontados los gastos de
personal y los operativos, el resultado neto para el Estado es de alrededor de
73 millones de euros, lo que constituye un excelente negocio, en opinión de las
autoescuelas, que debería convencer al Gobierno para incluir en los
Presupuestos Generales del Estado la dotación necesaria para resolver un
servicio público necesario.
La Confederación Nacional de
Autoescuelas recuerda que la tasa que se paga por el examen de conducir no es
un impuesto. Es un cobro directo por un servicio prestado, y es por ello que
pide a la DGT que solucione el problema y preste el servicio adecuadamente,
para evitar los retrasos en los exámenes y la amenaza de cierre para las
autoescuelas, así como el despido de profesores que conlleva la mala prestación
del derecho de examen de los aspirantes a obtener la licencia de conducción.
Una situación insostenible
La Confederación Nacional de
Autoescuelas está denunciando la situación que viven las autoescuelas en buena
parte de España como consecuencia del déficit de examinadores.
Los significativos retrasos en
las convocatorias de exámenes y los cambios de fecha inesperados para la
celebración de las pruebas de circulación están paralizando la enseñanza
práctica en la autoescuela. Los alumnos dejan de acudir a clase y vuelven poco
antes del examen, con lo que olvidan parte de lo aprendido y se deteriora la calidad
de la formación vial. Por tanto, corre peligro el empleo de miles de profesores
de Formación Vial (son 17.975 en toda España), porque las empresas no pueden
afrontar la ausencia de actividad y de facturación.
CNAE teme que se produzca este
próximo verano el colapso del sistema, como consecuencia de las vacaciones, el
menor número de exámenes autorizados a los funcionarios y al incremento de
aspirantes en este periodo. El colapso llegará si no se cubre el déficit de
examinadores.
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