Aunque se sorprende de que haya visto la luz cuando
prácticamente se han agotado los 175 millones destinados en los Presupuestos
Generales del Estado.
Este retraso ha supuesto que los concesionarios adscritos
al programa estén soportando una fuerte carga financiera, pues al no haber
amparo legal no se han abonado las ayudas públicas de ninguno de los más de
140.000 vehículos vendidos desde el pasado diciembre cuando se agotaron los
fondos del PIVE 6.
Igualmente, Ancove lamenta que el Gobierno no incluya en
las programas de ayudas los vehículos de ocasión y que deje fuera de forma
injustificada las motocicletas.
Elías Iglesias, presidente de Ancove, considera que
“muchos españoles no tienen capacidad económica para afrontar el pago de un
coche a pesar de las ayudas del Gobierno por lo que tienen que mantener sus
vehículos antiguos a pesar del riesgo para la seguridad vial y la contaminación
que generan. Es injusto que los españoles más pobres se queden fuera de las
ayudas del Estado, cuando son los que más precisan el apoyo público”.
Ancove ha propuesto al Gobierno un plan especial que
contribuya a erradicar de las ciudades españoles los turismos y todo terrenos
diésel de más antigüedad, en manos de gente con pocos recursos, que podrían
soportar la compra de unidades de segunda mano de menos de cuatro años de
antigüedad, más baratos, pero también más limpios y seguros.
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