De quién son esos coches que se ven aparcados por la
calle con un cartel de “Me venden”? ¿Pertenecen realmente al vecino del quinto
o hay una red de vendedores ilegales detrás? La Asociación Nacional de
Comerciantes de Vehículos (Ancove) mantiene la segunda afirmación, que esas
ventas están controladas por mafias que dominan este comercio “alegal”. “Hay un
vacío regulatorio al respecto de estas prácticas y las mafias sacan partido”,
señala Elías Iglesias, presidente de Ancove, a CincoDías.
La venta de coches en la calle es “un problema”, a ojos
de Ancove. Con los datos de la Dirección General de Tráfico en la mano, la
asociación explica que “solo el 48% de los coches de segunda mano que se venden
en España se hace a través de comercios”. “El 52% restante consta como
transmisiones entre particulares, pero ese dato no es real”, afirma Iglesias.
La asociación afirma que “la inmensa mayoría (un 92%) de estas operaciones
corresponden a seudoprofesionales que se hacen pasar por particulares ante los
clientes”, según un estudio realizado por Ancove en la provincia de La Coruña.
Iglesias denomina a estas redes directamente “mafias”.
“Se lucran de un negocio alegal incumpliendo las obligaciones contractuales y
fiscales que deben asumir los profesionales del sector generando una
competencia desleal injusta e insostenible”, destaca.
Además, esta venta callejera de coches, que suele tener
como objeto vehículos de más de diez años y con precios que rondan los 1.000
euros, “supone una traba para el rejuvenecimiento del parque actual de
vehículos porque no contribuye a retirar los más viejos, sino que los vuelve a
poner en la carretera”. Por no hablar de los “conflictos que generan en la vía
pública” al utilizar espacios de aparcamiento para sus fines.
Según los cálculos de Ancove, solo en la ciudad de La
Coruña “las mafias facturan entre 6,5 y 7,4 millones de euros mensuales con la
venta ilegal de coches”. Estas prácticas, siempre según Ancove, “aportan un
margen de entre 500.000 y 750.000 euros al mes”. En toda Galicia facturan más
de 20 millones de euros, lo que arrojaría más de dos millones de beneficio
mensual para estas mafias”, aseguran.
La asociación había logrado un acuerdo con la DGT según
el cual el nuevo Reglamento General de Circulación iba a incluir, en su
artículo 92, un apartado con la siguiente redacción: “Queda prohibido el
estacionamiento de vehículos en la vía pública para su venta o con la finalidad
de ejercer otras actividades comerciales no autorizadas”. Así, se resolvía este
tema a nivel estatal, cosa que no ocurre en este momento.
Sin embargo, este artículo desapareció sin previo aviso
en la tramitación del reglamento. La asociación ha presentado unas alegaciones
a este texto, instando a su recuperación. La presión sobre estas actividades es
desigual entre comunidades autónomas actualmente y depende de cada regulación.
Elías Iglesias es escéptico aun así sobre la desaparición
de estas prácticas incluso aunque se recuperen estos apartados. “La venta
ilegal se acabará de raíz si se cambia el sistema de garantías que hay en
España al respecto del coche usado”, afirma. Explica que un comerciante tiene
que dar al menos un año de garantía (o incluso dos) en la venta de un coche,
tenga la edad que tenga. “Un vehículo viejo no puede tener los mismos derechos
que uno de menos edad”, remarca.
Esta es la razón por la que los vendedores de coches no
quieren tener vehículos de más de diez años en su tienda, porque “no nos
compensa hacernos cargo de la garantía”. Sin embargo, estas redes “se hacen
pasar por particulares y no tienen obligaciones de este tipo”. Así, las redes
compran estos vehículos a particulares que iban a entregar este coche para
beneficiarse del plan PIVE o incluso a vendedores que no quieren estos
productos en sus tiendas y aprovechan este mercado.
Fuente: Cinco días/Noem Niavas
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