De esta inversión pública, el 47,9% de los fondos, es decir, 1.425 millones de euros, serán en forma de préstamo y 1.550 millones serán en forma de subvenciones. De esta manera, el Gobierno espera que se movilice una inversión privada de 11.900 millones de euros. Estas concesiones se llevarán a cabo en el periodo 2021-2023, aunque el plazo máximo de realización abarca hasta el 30 de septiembre de 2025.
Además, estas ayudas podrán tener carácter plurianual y formalizarse como préstamos a través del presupuesto nacional, subvenciones con financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia o como una combinación de ambos.
Tras la publicación de las bases, ahora falta la publicación de la convocatoria de las ayudas, la cual abrirá los plazos para la presentación de los proyectos. Además, las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas sin personalidad jurídica.
Además, esta agrupación debe estar integrada, al menos, por un 40% de pymes, contar con la colaboración de un mínimo de un proveedor de tecnología y/o conocimiento y tener implantación en al menos dos comunidades autónomas.
Las solicitudes denominadas de "proyectos tractores" deberán incluir proyectos que involucren a varios eslabones de la cadena de valor y dentro de los bloques obligatorios, así como alguno de los opcionales y los transversales.
Los bloques obligatorios son fabricación de equipos originales y ensamblaje, fabricación de baterías o pilas de hidrógeno y fabricación de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado.
Los de carácter adicional son la fabricación de componentes del vehículo inteligente, la conectividad del vehículo eléctrico y la fabricación de sistemas de recarga.
Por último, los bloques transversales de carácter obligatorio son un plan de economía circular, uno de digitalización o uno de formación y reciclaje profesional.
Según ha explicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el reciente visto bueno de la Comisión Europea "va a permitir incrementar la intensidad de las ayudas públicas para los proyectos que se aprueben, lo que va a favorecer la atracción de inversiones a España y reforzar a todo el ecosistema de automoción español del desarrollo de nuevas actividades en torno a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, convirtiendo a España en líder de electromovilidad a nivel europeo".
Estas ayudas se complementarán con las ayudas del Plan Moves, el Programa Moves Proyectos singulares, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado hasta llegar a los 4.300 millones de euros.
De esta manera, el desarrollo del proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 entre inversiones públicas y privadas.
Anfac pide la publicación de la convocatoria
Desde la patronal de fabricantes (Anfac), su director general, José López-Tafall, ha valorado positivamente la aprobación de las bases del Perte, al tiempo que considera que "es un paso muy importante, que debe completarse cuanto antes con la convocatoria para la presentación de los proyectos a las ayudas, de cara a concretar ya los proyectos de gran envergadura económica e industrial que necesita España en su transformación a la nueva movilidad".
En su opinión, "este plan, que potencia la industrialización, debe venir acompañado de modo continuo por otras medidas, con un enfoque transversal, que promuevan la recuperación del sector, reduzcan la incertidumbre entre los consumidores e impulsen la electrificación y la renovación del parque".
Entre estas medidas señala la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público para vehículos electrificados; el modelo de fiscalidad del sector basado en el uso y no en la compra; los planes de apoyo a la demanda y a la renovación y una política activa de apoyo a la adaptación profesional son iniciativas complementarias al PERTE_VEC.
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